1. Exp. Nº 320-98/C.P.C.
Sumilla: Recurso de Apelación
SENOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE PROTECCION AL
CONSUMIDOR DEL INDECOPI:
WIESE AETNA COMPANIA DE SEGUROS, debidamente
representada por GONZALO VALDEZ CARRILLO, identificado con D.N.I.
Nº 08223779, en los seguidos por don UBEN ENRIQUE ATOCHE KONG
por supuesta INFRACCION DE NORMAS DE PROTECCION AL
CONSUMIDOR, a Usted atentamente decimos:
Que, dentro del plazo previsto por el artículo 38º del
Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización
del INDECOPI, y al amparo del mismo dispositivo, asi como de los
artículos 11º y siguientes del Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización
y Funciones del INDECOPI, el artículo 99º del Decreto Supremo Nº 02-94-
JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de
Procedimientos Administrativos, y los artículos 364º y siguientes del
Codigo Procesal Civil, interponemos RECURSO DE APELACION con efecto
suspensivo contra la Resolucion Nº 659-99-CPC (en adelante, la
“Resolucion”), notificada a nuestra parte con fecha 29 de diciembre de
1999, la cual decide declarar Fundada la denuncia presentada por don
Uben Enrique Atoche Kong y nos sanciona con una multa ascendente a
16 U.I.T., a efectos que los actuados sean elevados a la Sala de

2. Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y
de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, en virtud a los fundamentos
de hecho y de derecho que exponemos a continuación:
I. Antecedentes
• Rechazamos todos los extremos de la denuncia formulada por el
Sr. Uben Enrique Atoche Kong, y todos los argumentos
expuestos en escritos posteriores, ya que nuestra empresa en
ningún momento ha infringido las normas de protección al
consumidor.
• Con fecha 28 de Noviembre de 1996, el asegurado y nuestra
compañía de seguros suscribieron de mutuo acuerdo un
contrato de seguros, en virtud del cual se aseguro al vehículo de
propiedad del asegurado, en los términos y condiciones que
constan del mismo y cuya copia obra en el expediente.
• Al momento de suscripción del contrato de seguros referido
anteriormente, nuestra compañía hizo entrega, como
corresponde, de la póliza respectiva, así como de las Condiciones
Generales del Seguro y sus demás anexos., incluyendo una
cartilla informativa indicando el procedimiento que debe seguir
el asegurado en caso de siniestro, la cual acompañamos a la
presente.
• Por consiguiente el denunciante no puede alegar que el rechazo
del siniestro sufrido por el vehículo de su propiedad, se debe a
abuso de

3. nuestra parte o mala fe, cuando el tenia pleno conocimiento, al
igual que lo tiene cualquier otro asegurado de nuestra compañía
sobre las condiciones del contrato, las obligaciones del
asegurado y las exclusiones a la cobertura, entre otras.
• Por otro lado el denunciante no puede alegar abuso o mala fe
de nuestra parte por cumplir con lo estipulado en el contrato de
seguros y rechazar el siniestro en base a un atestado policial, el
cual es emitido por la autoridad competente en el ejercicio de
sus funciones. Por otro lado la evaluación que el denunciante
formula del personal de la comisaria respectiva, nada tiene que
ver con nuestro deber de informar y actuar de acuerdo a las
normas de protección al consumidor, que el denunciante
cuestiona.
• Cabe mencionar como lo expusiéramos en nuestro escrito de
descargo presentado el 10 de setiembre de 1998, que el
procedimiento que nuestra empresa siguió en la ocurrencia del
siniestro del denunciante, es el procedimiento regular que
brindamos a todos nuestros asegurados.
• Por esta razón, y comprobando nuestra buena fe, atendimos el
siniestro el mismo día de su ocurrencia, para lo cual enviamos a
un procurador con el fin que ayude al asegurado con todo lo
relacionado al traslado del vehículo a un taller de reparación.
También, recibió ese mismo día una carta de garantía, que obra
en el expediente, para que pueda ser

4. Atendido en la Clínica San Pablo por las lesiones sufrid, como en
efecto sucedió.
• Una vez producido el siniestro, nuestra compañía realizó, como
en cualquier otro caso, las investigaciones necesarias, para
determinar si procedía o no la cobertura en atención a las
estipulaciones y condiciones del contrato de seguro.
Por este motivo una vez conocido el contenido del atestado
policial, le comunicamos el rechazo del mismo al asegurado.
• Por otra parte tal como quedó establecido en el acta de
conciliación, nos comprometimos en entregar el vehículo de
propiedad del asegurado, por lo cual le enviamos al asegurado la
carta de autorización respectiva, la cual también obra en el
expediente.
• El día 10 de octubre el asegurado se acercó al taller de mecánica
Gustavo Abraham S.A., donde se encontraba el vehículo, a fin de
recogerlo, lo cual se efectuó, el asegurado se negó a firmar el
documento correspondiente.
• Por lo expuesto, nuestra compañía cumplió en todo momento
con brindarle al asegurado un servicio adecuado, eficiente, bajo
los términos estipulados en el contrato de seguros y de acuerdo
a las mismas condiciones que les otorgamos a todos nuestros
asegurados.
II. Acerca de los fundamentos legales de la exclusión de la
cobertura

5. 1. El atestado policial Nº 034-98-JP-PNP-CP correspondiente al
siniestro del vehículo del denunciante, el mismo que corre en
autos, concluyó que el factor determinante de dicho accidente fue
la “osada conducción al no disminuir la velocidad del vehículo
ante los riesgos existentes por el mal estado de la vía y haber
desestimado su principio de seguridad”, incurriendo el
Denunciante en las infracciones administrativas establecidas en
los artículos 53º y 54º inciso i) del Reglamento General de
Tránsito, los cuales tipifican la “imprudencia temeraria”.
2. En tal sentido, nuestra empresa decidió no cubrir el siniestro ante
la solicitud del Denunciante, toda vez que la imprudencia
temeraria, regulada en los citados artículos del Reglamento
General de Tránsito, constituye causal de exclusión de la
cobertura de conformidad con el artículo 2.1.4. de las Condiciones
Generales del Seguro de Vehículos de nuestra empresa (en
adelante, la “Condiciones Generales).
3. Posteriormente, ante la reconsideración planteada por el
denunciante, de acuerdo con el procedimiento regular que
nuestra empresa respeta, nos ratificamos en la decisión de
rechazar la cobertura del siniestro, agregando que el Denunciante
había infringido el artículo 2.14.7 de las citadas Condiciones
Generales, toda vez que la infracción calificaba como Muy Grave
de acuerdo con las normas de tránsito vigentes.
4. En consecuencia, en ningún momento se dejo sin efecto al artículo
2.1.4. de las Condiciones Generales como fundamento para el
caso de la

6. cobertura, sino que, más bien, se complementó con el artículo
2.14.7. dichas condiciones.
5. Tal como se desprende de la lectura de la Resolución, la Comisión
de Protección al Consumidor (en adelante, la “Comisión”)
fundamenta su decisión únicamente en el análisis del artículo
2.14.7. de las Condiciones Generales del Seguro de Vehículos de
nuestra empresa, omitiendo al artículo 2.1.4. de las mismas,
circunstancia que conlleva a que esta arribe a conclusiones
erradas, tal como se apreciara en el presente recurso.
6. En conclusión, la Comisión debió realizar un análisis integral de los
fundamentos jurídicos esgrimidos por nuestra empresa para
rechazar la cobertura del siniestro, esto es, tomar en
consideración tanto el artículo 2.14.7. como el artículo 2.1.4. de
las Condiciones Generales, a fin de interpretar correctamente la
cuestión previa expuesta en el punto 2 de la Resolución.
III. Acerca de la aplicación del artículo 2.1.4. de las Condiciones
Generales como causal de exclusión
1. Tal como hemos señalado anteriormente, la cobertura del siniestro
materia del presente proceso fue rechazado en virtud al atestado
policial elaborado en la Comisaria de Paracas, el mismo que concluye
sobre la comisión de imprudencia temeraria por el Denunciante,
siendo aplicables

7. los artículos 53º y 54º inciso i) del Reglamento General de
Tránsito, normas de tránsito vigente.
2. El mencionado artículo 53º establece que toda persona que osada, o
negligentemente, conduzca un vehículo de tal manera que ponga en
peligro su vida o pueda poner en peligro la salud, vida o propiedad de
otros, será considerada culpable de imprudencia temeraria.
3. Por su parte, el inciso i) del artículo 54º del mismo cuerpo legal
señala que también constituye acto de imprudencia temeraria el de
conducir un vehículo a velocidad mayor que la razonable y prudente
para las circunstancias del momento.
4. En tal sentido, nuestra empresa rechazó la solicitud de cobertura del
Denunciante, toda vez que la imprudencia temeraria constituye
causal de exclusión de cobertura de acuerdo con el artículo 2.1.4. de
las Condiciones Generales.
IV. Acerca de la aplicación del artículo 2.14.7. de las Condiciones
Generales como causal de exclusión
1. Tal como señalamos en el punto precedente, el Denunciante
presento reconsideración a nuestra decisión de rechazar la cobertura
del siniestro.
2. Nuestra empresa se ratifico en la decisión de rechazo, ampliando la
fundamentación del mencionado artículo 2.1.4. a la causal de
exclusión de

8. cobertura prevista en el artículo 2.14.7. de las Condiciones
Generales, pero sin descartar el primero en momento alguno.
3. Es en este punto donde la Comisión comete uno de los errores más
graves de interpretación contenidos en la Resolución. En efecto, la
ampliación de la fundamentación del rechazo al artículo 2.14.7 de las
Condiciones Generales se explica en el hecho de la imprudencia
temeraria es considerada como una infracción muy grave, de
conformidad con el artículo 3 inciso D-1 del Decreto Supremo Nº
17-94-MTC, Reglamento de Infracciones y Sanciones de Tránsito, de
fecha 18 de junio de 1994, norma de tránsito vigente.
4. Es por ello que nuestra empresa amplia su fundamentación al
artículo 2.14.7 de las Condiciones Generales, en razón que este
señala que no se cubrirá un siniestro cuando la persona cometa una
infracción tipificada como “Muy Grave” (MG) por las normas de
tránsito vigentes.
5. El artículo 3 inciso D-1 del Decreto Supremo Nº 17-94-MTC, establece
como una infracción de tránsito a la velocidad considerada como
Muy Grave (MG) el hecho de no respetar los limites mínimo y
máximo de velocidad establecidos, circunstancia señalada en el
atestado policial.
6. La Comisión concluye únicamente en base a una interpretación,
errónea por cierto, del artículo 2.14.7 de las Condiciones Generales,
señalando que el mismo es ambiguo, toda vez que no establece
“cuando, para efectos del seguro, uno comete infracción tipificada
como muy grave por las normas de Tránsito vigente”.
Consecuentemente, considera

9. equivocadamente que los actos de imprudencia temeraria no es
una infracción muy grave sino una intermedia establecida por el
Código de Tránsito, por lo tanto, debe aplicarse el artículo 1401º
del Código Civil, el mismo que favorece exclusivamente al
Denunciante, a criterio de la Comisión.
7. El artículo 2.14.7 de las Condiciones Generales no es, de modo
alguno, ambiguo o impreciso, en razón que tal dispositivo cumple con
señalar expresamente que nuestra empresa no cubrirá el siniestro si
la infracción es tipificada como Muy Grave por las normas de tránsito
vigentes.
8. Una de las normas de tránsito vigentes la constituye el Decreto
Supremo Nº 17-94-MTC, utilizado por nuestra empresa para
fundamentar parte de su decisión de rechazo (artículo 2.14.7 de las
Condiciones Generales), complementándose con el artículo 2.1.4. de
dichas condiciones.
9. En consecuencia, ¿a qué ambigüedad o imprecisión hace referencia la
Comisión?. El citado artículo 2.14.7 de las Condiciones Generales
señala expresamente la causal que motivara que la empresa no cubra
el siniestro: infracción tipificada como “muy grave” por las normas
de tránsito vigente. No cabe aplicar el artículo 1401º del Código Civil
en este caso, debido a que no existe duda alguna: las normas de
tránsito vigentes al momento del siniestro que regulen las
infracciones “muy graves” determinaran que el siniestro sea cubierto
o no. Sería absurdo e infructuoso establecer una lista taxativa o
enumerativa de las infracciones

10. Consideradas “muy graves” por las normas de tránsito vigentes,
ya que estas se encuentran expuestas a ser modificadas
periódicamente.
V. La Comisión aplica para resolver una norma derogada
expresamente
1. La Comisión aplica en la Resolución los artículos 188º y 187 inciso D-2
del Código de Tránsito y Seguridad Vial. De acuerdo con citado
artículo 188º, los reglamentos sólo podrán calificar las infracciones de
tránsito como intermedias, regulares o leves. En tal sentido, la
Comisión interpreta el artículo 187º inciso D-2 del mismo cuerpo
legal califica la falta cometida por el Denunciante, circular a
velocidades que excedan los límites máximos establecidos o a mayor
velocidad que la razonable y prudente para las circunstancia del
momento y lugar, como intermedia.
2. En base a este razonamiento, la Comisión concluye que nuestra
empresa “no podría negarse a brindar la cobertura del seguro
basándose en el artículo 2.14.7. de las Condiciones Generales del
Seguro de Vehículos, en tanto que el denunciante de acuerdo al
atestado policial, no cometió ninguna infracción que pudiera ser
calificada como muy grave”.
3. Sorprendentemente, la Comisión fundamenta su decisión en
dispositivos derogados. En efecto, el artículo 3º de la Ley Nº 26322 de
fecha 02 de junio de 1994, derogo expresamente los artículos 186º al
225º y el 228º del Código de Tránsito y Seguridad Vial promulgado
mediante Decreto Legislativo Nº 420.

11. 4. Desvirtuada la fundamentación legal utilizada por la Comisión, puede
apreciarse claramente que nuestra empresa rechazo con todo
derecho la solicitud de cobertura del Denunciante,
fundamentándonos en la normatividad correcta.
VI. Acerca de la idoneidad y calidad de los servicios de nuestra
empresa
1. El artículo 8º del decreto Legislativo Nº 716, Ley sobre Protección al
Consumidor, establece que los proveedores son responsables,
además, por la idoneidad y calidad de sus productos y servicios. Tal
como señala la Comisión en la Resolución, este artículo contiene el
principio de garantía implícita, es decir, la obligación del proveedor
de responder por el bien o servicio en caso que este no resultara
idóneo para satisfacer las expectativas de un consumidor razonable.
2. Asimismo, la Resolución señala que la idoneidad debe analizarse, en
principio, en abstracto, considerando lo que normalmente esperaría
un consumidor razonable, salvo que de los términos acordados o
señalados expresamente por el consumidor se desprenda algo
distinto.
3. La Comisión realiza en la Resolución un análisis legal del supuesto de
idoneidad pero en virtud a dispositivos derogados, lo cual determina
que arribe a una conclusión errada, tal como observamos en el punto
precedente.

12. 4. En efecto, la Comisión concluye en la Resolución que “un consumidor
razonable al asegurar su automóvil, no esperaría que la empresa
aseguradora dejase de cumplir con las condiciones establecidas en el
contrato de seguro. En este sentido, un consumidor no esperaría que
se le aplique un supuesto de hecho que no le corresponda para
negarle la cobertura del seguro”.
5. Sin embargo, tal como se ha demostrado en el presente escrito,
nuestra empresa no cumplió con las estipulaciones pactadas en las
Condiciones Generales y menos aun un supuesto de hecho
impertinente para negar la cobertura al Denunciante. Por el
contrario, nuestra empresa fundamento su decisión expresamente
en la normatividad vigente, así como en los términos previstos en las
Condiciones Generales, motivo por el cual nuestra decisión no viola
las normas de protección al consumidor, pues mantienen su
idoneidad: el Denunciante pudo prever perfectamente el rechazo de
la cobertura, toda vez que incurre en las causales de exclusión
pactadas con nuestra empresa.
VII. Agravio de la Resolución
La Resolución agravia la imagen institucional de nuestra empresa ante el
público consumidor de nuestros servicios, toda vez que, como el
INDECOPI podrá comprobarlo, nunca hemos sido sancionados por
infracción de las normas de protección al consumidor.

13. Asimismo, la Resolución nos causa un agravio económico, obligándonos a
pagar una multa sumamente elevada (16 UIT), la misma que resulta injusta
y excesiva, ya que no actuamos con intencionalidad alguna, ni somos
reincidentes o reiterativos, porque nunca hemos sido sancionados, de
acuerdo con el artículo 42º del Decreto Legislativo Nº 716.
VIII. Pretensión Impugnatoria
La pretensión del presente recurso de apelación consiste en que la Sala de
Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de
la Propiedad Intelectual del INDECOPI revoque la Resolución y declare
infundada la denuncia.
POR TANTO:
A USTED SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE PROTECCION AL
CONSUMIDOR DEL INDECOPI PEDIMOS: Se sirva conceder el recurso de
apelación interpuesto y proveer conforme a ley.
PRIMER OTROSI DECIMOS: Que acompañamos en calidad de anexos los
siguientes:

14. 1. Copia simple del Decreto Supremo No 17-94-MTC, Reglamento de
Infracciones y Sanciones de Transito (Anexo 1-A);
2. Copia simple de la Ley No 26322, mediante la cual se derogan los
artículos 187º y 188º, entre otros, del Código de Transito y Seguridad
Vial aprobado por Decreto Legislativo No 420.
3. Copia simple del reglamento de tránsito en lo referente a imprudencia
temeraria.
4. Copia simple de diversas jurisprudencias emitidas por la Sala Civil de la
Corte Superior de Lima y Juzgados de primera Instancia en lo Civil,
referentes a casos en los que el asegurado o conductor han incurrido en
imprudencia temeraria, concordante con lo dispuesto sobre exclusiones
e incumplimiento de obligaciones, la compañía de Seguros no se
encuentra obligada a cubrir el siniestro, como ocurre en el presente
caso.
5. Comprobante de Pago de la Tasa por Derecho de Apelación, pago que
asciende a la suma de S/. 290.00 (Doscientos Noventa y 00/100)
equivalente a 1 UIT, de acuerdo con el TUPA del INDECOPI.
SEGUNDO OTROSI DICIMOS:
Debemos señalar que la comisión tampoco ha tenido en cuenta lo dispuesto
en el Art. 17 Inciso 17.1 de las Condiciones Generales de Contratación a toda
Clase de Seguros, establece:

15. “Que toda controversia que pudiera suscitarse entre las partes contratantes
en cuanto a la interpretación o validez del presente contrato de seguro, así
como sobre la cobertura o no de un siniestro, a condición de que no hubiera
cobrado indemnización parcial o total será sometido a la decisión de un
tribunal arbitral”.
Puntualizando que el Contrato de Seguro es ley entre las partes sujetándose
a los términos y condiciones establecidos en cada uno de los artículos que los
contiene conforme lo señala el Código Civil concordante con el Código de
Comercio.
Lima, 06 de enero de 2000
Firmado por: Gonzalo Valdez