1. TRATO JUSTO
LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
Y LAS POLITICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
I. PRESENTACIÓN
El presente documento tiene como propósito fijar la postura institucional de la
Universidad Austral de Chile en relación con la discusión que se ha suscitado en torno
a las políticas de desarrollo de la Educación Superior. Incluye los aportes del gobierno
universitario, del Consejo Académico, de los sindicatos de Trabajadores y de Docentes
y de la Federación de Estudiantes, así como contribuciones específicas de decanos,
consejeros y académicos. Su redacción fue encomendada a una Comisión nombrada
por el Consejo Académico.
La Universidad Austral de Chile, desde su creación por Decreto Presidencial en 1954,
ha realizado una innegable contribución a la generación de bienes públicos, formando
personas altamente calificadas, contribuyendo a la descentralización del conocimiento,
la ciencia, la cultura y la tecnología. A lo largo de su historia, este proyecto
descentralizador ha dejado una impronta que el Estado de Chile le ha reconocido
considerándola siempre como una de sus universidades públicas de más alto impacto
regional y nacional. En el actual debate no podemos aceptar que se nos quiera negar
esa historia y esa contribución que nos ha convertido en una de las principales
instituciones de educación superior del país.
El país se enfrenta a un momento de inflexión en la historia de la Educación Superior,
la Ciencia y la Tecnología. Informes internacionales, las universidades tradicionales
agrupadas en el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCh), así como
la propia ciudadanía, han venido planteando la necesidad de realizar cambios
estructurales al modelo de Educación Superior derivado de la reforma de 1981
implementada por el gobierno militar. Dicho modelo, que se ha mantenido
prácticamente intacto desde el retorno a la democracia, no garantiza adecuadamente
su sustentabilidad, calidad y equidad como herramienta de contribución al desarrollo
del país.
Si la educación y la democracia se encuentran estrechamente vinculadas, la
universidad tiene por misión ser la conciencia crítica de la sociedad por medio de la
formación de personas y de la producción y la transmisión del saber, contribuyendo al
crecimiento de la sociedad. En ese contexto las universidades tienen la función de
contribuir a la creación y promoción de bienes públicos universales: el cultivo y difusión
del conocimiento, la cultura, la producción artística, la ciencia, la innovación y la
tecnología, y a tareas específicas fundamentales como la descentralización y el
desarrollo regional equilibrado. La universidad es también un instrumento de

2. promoción social por excelencia, otorgando a los sectores menos favorecidos la
oportunidad de superar su condición, y al país la oportunidad de valorar el capital
humano que servirá de base para su desarrollo.
La universidad debe estar orientada al servicio de la sociedad en la que se inserta y,
por tanto, no puede desligarse de su definición original como centro de conocimiento
universal. Debe ser pluralista y abierta, es decir, debe fundarse en las libertades
básicas reconocidas a todo individuo al margen de diferencias sociales, políticas,
religiosas, étnicas, culturales o de nacionalidad; debe ser formadora de profesionales y
ciudadanos de excelencia, con capacidad de análisis de la sociedad, espíritu crítico y
constructivo, contribuyendo con sus conocimientos, técnicas y calidad de sus
profesionales y postgraduados al desarrollo del país en su conjunto. La universidad
debe estar al alcance de los estudiantes en función de su capacidad y talento; debe
contar con líneas de investigación y de extensión que contribuyan al crecimiento de la
comunidad. Finalmente, debe contar con espacios de participación y de decisión
donde se incluya a la comunidad universitaria en su conjunto.
La Universidad Austral de Chile y el Sistema de Educación Superior
Como es de público conocimiento, la Educación Superior chilena en general y la
Universitaria en particular, tiene un antes y un después de 1981. Antes de dicho año,
en el país sólo existían 8 universidades públicas: 2 estatales (universidades de Chile y
Técnica del Estado) y 6 no estatales (universidades Católica de Chile, de Concepción,
Católica de Valparaíso, Técnica Federico Santa María, Católica del Norte y Austral de
Chile). Desde un punto de vista orgánico, estos dos grupos de universidades son
bastante diferentes, pues las primeras –si bien autónomas-, en oposición a las
segundas son parte de los servicios públicos que integran el Estado de Chile. No
obstante, desde un punto de vista funcional, todas éstas son bastante similares, pues
el interés público que la sociedad chilena reconoce a la función que aquellas realizan,
justifica que sean tratadas de manera similar desde un punto de vista legal y
financiero. Reforzando este carácter público de la función común que se reconoce
socialmente a las universidades chilenas, ya desde 1954, la ley N° 11.575, junto con
establecer un reparto de fondos fiscales entre las universidades de la época,
reconocía la existencia del Consejo de Rectores, otorgándole funciones de
coordinación en materia de investigación universitaria. En otras palabras,
históricamente ha existido un reconocimiento social del carácter común de la función
pública que realiza este grupo de universidades, lo que se ha traducido en que a estas
–denominadas tradicionales-, el Estado les reconoce autonomía para regularse, y les
garantiza recursos para su funcionamiento.
En este contexto, la Universidad Austral de Chile, fundada a través del Decreto
Supremo Nº 3.757, de 7 de septiembre de 1954, se caracteriza por ser una
universidad tradicional, no estatal y pública. Es tradicional, por cuanto se constituyó
con anterioridad a 1981 en conformidad a las normas vigentes de esa época. Es no
estatal, desde la perspectiva de su naturaleza jurídica, pues no forma parte de la
estructura estatal chilena, sino que se trata de una entidad de derecho privado,
constituida como una corporación sin fines de lucro. Y, desde el punto de vista de su
función, es pública, pues su misión se vincula a la satisfacción de un interés colectivo,
consistente en la realización del rol social de la Educación Superior en el desarrollo del
país y de las regiones. En este sentido, la integración del Instituto Profesional de
Valdivia y del Instituto Profesional de Osorno (Sede Puerto Montt), ambos estatales, a
la Universidad Austral de Chile fue posible precisamente debido al reconocimiento de
la condición pública de nuestra corporación.

3. Pues bien, a partir de 1981 la política del Estado respecto de la Educación Superior se
ha movido entre dos tendencias. De un lado, este reconocimiento social del carácter
público de la función universitaria, lleva a que el Estado no abandone del todo la
financiación de la Educación Superior, otorgando a las instituciones tradicionales un
trato más o menos común, en el que coexisten subvenciones fiscales determinadas
normativamente, con la aparición reguladora de las leyes del mercado. Mientras que,
de otro lado, se comienza a definir con claridad una tendencia destinada a facilitar el
establecimiento de universidades privadas, tendiendo a desdibujar –en los hechos- los
límites entre una unidad económica y las instituciones del conocimiento, poniendo el
acento en la función privada de la Educación Superior, consistente en la promoción y
el desarrollo individual, en consonancia con las disposiciones constitucionales vigentes
en Chile.
Lo anterior se expresa en diversos textos de carácter legal, que concretan las reformas
institucionales y financieras promovidas por el régimen militar chileno. Respecto de
las reformas institucionales, éstas tienen su base en dos normas de rango legal. El
D.L. N° 3541, de 1980, que facultó al Presidente de la República de la época para
reestructurar las universidades del país y para dictar las normas necesarias para ello;
y el D.F.L. N°1, de 1981, dictado en virtud de dicha habilitación, y que fija normas
sobre universidades, entre las que se encuentra la regulación de sus fines, autonomía,
creación, organización, funcionamiento y disolución, entre otras materias. Esta última
norma autoriza la creación de nuevas universidades privadas bajo la condición que se
siga el modelo jurídico de las corporaciones sin fines de lucro, dejando en manos del
Ministerio de Educación el registro y verificación de los requisitos de constitución; y
permite la creación de Instituciones de Educación Superior no universitaria, al restringir
sólo las denominadas doce carreras profesionales a las universidades. La misma
norma reconoce la autonomía académica, económica y administrativa de las
universidades; aunque restringe la participación de los estudiantes y funcionarios
administrativos en los órganos de gestión y dirección de las universidades, así como
en la elección de sus autoridades unipersonales o colegiadas, al excluir su derecho a
voto en esos procedimientos.
Con posterioridad se dictaron dos leyes que regulan la materia: la Ley Orgánica
Constitucional de Enseñanza, N° 18.962 del año 1990, y -ya durante los gobiernos de
la Concertación- la Ley General de Educación N° 20.370 del año 2009, las que, sin
introducir grandes cambios en la materia, se destacan por regular el sistema de
acreditación universitaria y por crear el Consejo Nacional de Educación, que actúa
como órgano de apoyo en materias de Educación Superior.
Por otro lado, aunque por un camino paralelo ha transitado la reforma financiera al
sistema. En este sentido, se han desarrollado dos líneas en la materia. Así, sin dejar
de reconocer el papel que corresponde al Fisco en materia de Educación Superior, por
un lado, ha habido una tendencia a mantener en sus mínimos los niveles de recursos
fiscales. Por otro lado, se ha introducido un sistema mixto de financiación universitaria,
en el que parte de los recursos son aportados por el Fisco, mediante créditos y becas,
y, otra parte, son aportados por los propios estudiantes y sus familias mediante el
pago de matrículas y aranceles.
Estas concepciones se han plasmado en algunos instrumentos normativos. Entre
éstos se encuentra el D.F.L. Nº 4, de 1981, que establece normas sobre el
financiamiento universitario, regulando los conocidos Aporte Fiscal Directo (AFD) y
Aporte Fiscal Indirecto (AFI), reservando el primero para las universidades
tradicionales del CRUCh, según porcentajes históricos señalados en la ley; y el
segundo entregado a todas las universidades acreditadas que logren atraer a los
mejores puntajes de la Prueba de Selección Universitaria (PSU). Por otro lado, el
sistema financiero también contempla los créditos y becas para los estudiantes. En

4. este sentido, se destaca lo que, en su momento fue el crédito fiscal universitario, luego
reemplazado –mediante la ley Nº 19.287, de 1994- por el Fondo Solidario de Crédito
Universitario, que exige como requisito básico para su otorgamiento, un puntaje
mínimo en la PSU. El mismo requisito mínimo exige el D.S. Nº 337/2010, de
Educación, que reglamenta el Programa de Becas de Educación Superior, en
particular los requisitos para acceder a éstas. Finalmente, en materia de
financiamiento, la ley Nº 20.027, de 2005, estableció el Crédito con Aval del Estado, en
el que la garantía del crédito es compartida entre el Fisco y la universidad respectiva,
en porcentajes variables durante la carrera, que llegan al 100% de garantía estatal al
término de los estudios. El efecto principal de la aplicación de estos instrumentos de
financiación consiste en la ampliación de la matrícula en las diversas instituciones del
sistema superior; aunque, de otro lado, se ha advertido que el sistema de créditos
actualmente definido puede generar un efecto no deseado en la calidad de los
profesionales que egresan del sistema.
II. HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION
SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Se puede afirmar que el capital humano y la capacidad de generar conocimientos son
hoy en día las bases de la modernización económica, social y política y determinan el
futuro de un país. Si se logra una población con un nivel elevado de formación, no sólo
se estará en condiciones de acceder al conocimiento, sino también de generarlo. De
ahí, que incrementar el aporte a ciencia y tecnología es una decisión en la cual las
universidades deben cumplir un rol fundamental, al mismo nivel de los países
desarrollados.
El Estado debe asumir que la Educación Superior constituye un aspecto clave en el
desarrollo socio-económico del país. Sin un esfuerzo en la formación de capital
humano avanzado, Chile no podrá alcanzar los niveles de desarrollo a que aspira.
Para que efectivamente se logren estándares internacionales que nos ubiquen entre
los países desarrollados, se debe aumentar el aporte que hace el Estado a educación,
ciencia y tecnología, a fin de alcanzar a lo menos el 1,3% de los países de la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Cabe destacar que si
se mira a Chile en su conjunto, como país estamos dentro del grupo que realiza los
mayores aportes en educación, siendo éste del 2% del PIB; sin embargo, la realidad
indica que de este monto el Estado sólo aporta el 0,3% y las familias chilenas el 1,7%.
En otras palabras, la familia es la que hace el mayor esfuerzo para la educación de
sus hijos, aportando el 76%.
Hay conciencia de que el carácter público de los fondos de financiamiento universitario
implica, para las instituciones, el desafío de optimizar los recursos y definir su política
de gestión en un contexto de competitividad y calidad, y para conseguirlo es
fundamental el establecimiento de criterios objetivos de justificación, seguimiento y
control de los recursos. La mejor forma para conseguir que la distribución de fondos
públicos responda a criterios aceptados por todos, gobierno e instituciones
universitarias, consiste en que los criterios sean el resultado de un proceso de
negociación y consenso entre las partes, en base a la calidad, la excelencia y el rol
social que cumplen las universidades: convenios de desempeño, eficiencia en el uso
de los recursos, impacto y relevancia de los resultados, entre otros.
Un aspecto relevante se refiere a los nuevos recursos que debe proveer el Estado, los
cuales no sólo tienen que ser asignados a la demanda (financiamiento estudiantil) sino
también a la oferta, es decir, a las universidades. Una posible disminución del valor de
los aranceles y, por tanto, un menor gasto de las familias, sólo es posible a partir de un

5. incremento sustantivo del financiamiento basal de las universidades públicas, estatales
y no estatales.
Institucionalidad
La discusión sobre Educación Superior debe considerar el reconocimiento
constitucional de la Educación Superior como un derecho. En lo inmediato la
Universidad Austral de Chile considera como un elemento fundamental el
fortalecimiento de la actual institucionalidad. Tres iniciativas contribuirán en esta
dirección:
a) La creación de una Subsecretaría de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología, que articule en su conjunto las funciones propias del quehacer
universitario
b) La creación de una Superintendencia que regule el sistema de Educación
Superior, fortaleciendo los mecanismos de supervisión y fiscalización de
universidades públicas, estatales y no estatales, y privadas.
c) Un sistema de acreditación confiable y legible. La acreditación de la calidad de
las instituciones en todos sus niveles es una responsabilidad del Estado y para
ello se requiere perfeccionar el sistema de acreditación. En lo inmediato es
necesaria una modificación de la Ley Nº 20.129 que establece un sistema
nacional de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior, para
otorgar credibilidad y transparencia a la acreditación de universidades y de
carreras y programas, regulando los conflictos de interés y la calidad de los
pares evaluadores. La acreditación institucional debe ser obligatoria para todas
las instituciones y en todas las áreas (docencia conducente a título, postgrado,
investigación, gestión institucional y vinculación con el medio), incluyendo
infraestructura propia y equipamiento. Por otra parte se debe avanzar en la
acreditación de carreras y programas, no sólo para acceder a financiamiento
estudiantil, sino también para poder ofrecerlas.
Por ello la Universidad Austral de Chile aspira a la presentación de un marco teórico y
conceptual que fije una concepción de la Educación Superior, asignándole a las
instituciones no solamente una función, sino también una misión que considere la
formación de profesionales, cuadros académicos, el desarrollo de investigación y la
formación de capital humano avanzado, así como del rol social coadyuvante
(vinculación con el medio) que las universidades están llamadas a servir conforme a la
posición social que ocupan en su respectiva área geográfica y cultural de influencia.
Para ello se requiere de una política general que ponga en discusión en organismos
técnicos, primero, y en el Parlamento, después, una efectiva reforma de la Educación
Superior, considerando sus implicancias constitucionales y legales. Es el Parlamento,
en un Estado democrático, el organismo que debe debatir esta reforma considerando
la opinión de todos los actores relevantes.
Al mismo tiempo el Estado debe asumir un rol regulador activo en el sistema de
Educación Superior estableciendo mecanismos de asignación de recursos, de
acreditación y de fomento y aseguramiento de la calidad académica que garanticen un
sistema en permanente desarrollo. Es deber del Estado el ordenar y transparentar el
sistema resolviendo aspectos tan esenciales como:
a) Un estatuto jurídico adecuado para las universidades públicas, estatales y no
estatales, que considere aspectos asociados a docencia, investigación y
vinculación con el medio.

6. b) El rol público y, por tanto, de igualdad de condiciones para acceder a recursos
fiscales, de las distintas universidades del CRUCh.
c) El cumplimiento de la ley en relación con la prohibición del lucro y la
distribución de las utilidades en las universidades privadas.
Asimismo se requiere modificar el marco legal que regula la participación en la
institucionalidad de los integrantes de la comunidad universitaria, siempre en el marco
de sus definiciones estatutarias. El rol público de la universidad se define, entre otras
cosas, por el grado de participación que tienen los distintos estamentos para influir en
la toma de decisiones. La universidad futura requiere con urgencia la implementación
de espacios de participación real, de un modo institucionalizado.
Universidades estatales y no estatales
Una de las materias que ha colmado la agenda sobre Educación Superior en el último
tiempo ha sido el “nuevo trato” a las universidades estatales, traducida como un
incremento de los aportes basales y en una liberación de las trabas burocráticas y de
gestión que enfrentan estas instituciones. Al respecto, la Universidad Austral de Chile
no comparte el modo como se ha establecido esta discusión, la que no hace justicia a
la historia y al aporte que las universidades no estatales del CRUCh han hecho al país.
El país ha reconocido a estas instituciones su rol de promotoras de la Educación
Pública por medio de la legislación vigente y del acceso a todos los sistemas de
financiamiento público existentes. Desatenderlas significa afectar gravemente la
equidad y calidad del sistema universitario, y en especial el acceso a educación
superior de calidad de jóvenes de vastas regiones del país, así como la
descentralización de la cultura, la ciencia y la tecnología. Por otra parte, la Universidad
Austral de Chile comparte la necesidad de otorgar a las universidades estatales un
nuevo marco regulatorio que les permita su desburocratización y una mayor eficiencia
en su gestión económica y financiera.
Finalmente, se requiere analizar la misión y la relación con el Estado de las
universidades no estatales del CRUCh. Estimamos que debe hacerse una gestión
entre las grandes y prestigiosas universidades públicas, de derecho privado del
CRUCh y el Ministerio de Educación (MINEDUC) para tratar la singularidad de estas
instituciones y otorgarles las facilidades y beneficios que de otro modo se esfuman
entre el sector estrictamente estatal y el estrictamente privado.
Financiamiento de la Educación Superior
El sistema de financiamiento universitario chileno se encuentra en crisis hace años.
Por ello, es imperioso pensar, discutir y proponer un nuevo sistema de financiamiento
de la Educación Superior que se ajuste a los actuales requerimientos para un
desarrollo equilibrado. El Sistema de Financiamiento Universitario ha traído graves
consecuencias para el desarrollo de la universidad. En un escenario donde existe una
escasa participación del estado en la función reguladora de la economía, el
financiamiento de la Educación Superior tiene su principal soporte en el
autofinanciamiento, por medio de la venta de servicios, el cobro de matrículas al
estudiante, y los programas de investigación y extensión. Resulta oportuno también,
mencionar el hecho de que las universidades han sido transformadas y despojadas de
su sentido de espacio cultural y conciencia reflexiva y crítica de la sociedad y del país.
Es fundamental que exista un mayor aporte estatal al sistema de Educación Superior.
La inversión pública en esta área en Chile, es una de las más bajas en relación a los

7. países de la OCDE. Estimamos que un modelo de Educación Superior con un
importante aporte estatal en su financiamiento, obliga a replantear o al menos a volver
a debatir la cantidad de Instituciones de Educación Superior que Chile requiere para
los próximos años y la posibilidad de revisar la norma del D.F.L. Nº1 del año 1981,
que dice relación con la creación de universidades privadas.
El Estado debe asumir una visión de la Educación Superior como un aspecto clave en
el desarrollo socio-económico del país. Sin un esfuerzo en la formación de capital
humano avanzado no se podrá seguir avanzando hacia estadios de desarrollo
superior. Lo anterior significa dos cosas:
a) Que los recursos públicos que el Estado aporta deben ser aumentados
significativamente, disminuyendo, por tanto, el esfuerzo que deben hacer las
familias, en valor presente y futuro, para solventar los estudios.
b) Que los nuevos recursos que se provean deben estar asignados no sólo a la
demanda (financiamiento estudiantil) sino también a la oferta, universidades del
CRUCh u otras debidamente consensuadas, con el fin de responder a las
necesidades de modernización de éstas.
Financiamiento a Instituciones
El financiamiento basal debe estar dado por criterios que apunten al rol que juegan y
han jugado las universidades en el sistema de Educación Superior en el país y de
ninguna manera a su estatus jurídico (estatales o no), ya que esto último no refleja
necesariamente su real aporte a la Educación Superior nacional. El carácter público de
las instituciones no puede ser definido por su condición de institución estatal o no
estatal, sino por su capacidad para incorporar la generación de bienes públicos en su
misión y en sus actividades. Entre estos criterios se deben considerar:
a) La génesis de las universidades como garantes de la creación de bienes
públicos, que han contribuido al desarrollo nacional y regional. En este
esquema es evidente que las 8 universidades tradicionales, que son la base
del CRUCH, han constituido los pilares en el desarrollo del sistema de
Educación Superior en el país.
b) El nivel de complejidad de las universidades. En la medida que las
universidades son más complejas en su accionar, mayor es su contribución a la
creación de bienes públicos que aportan a un mayor bienestar de la
comunidad. La investigación, la extensión en sus aspectos culturales y
científico-técnicos son los más claros ejemplos de lo mencionado.
c) La productividad de las instituciones en relación con su tamaño relativo y no
sólo a su productividad global. Este es especialmente importante para
fortalecer instituciones que muestran una alta productividad en relación con la
masa crítica de académicos.
d) La verificación de la eficiencia respecto de los recursos públicos aportados,
junto a las estrategias de crecimiento utilizadas y la administración financiera
de las universidades.
e) Recursos públicos, de nivel central o regional, deben aportarse para el rol que
cumplen las universidades regionales en sus territorios de influencia. Las
demandas de las comunidades regionales a sus universidades, no puede ser
dimensionada con una visión centralista. Debe considerarse el rol que juegan
y pueden jugar como aporte al desarrollo regional y en la descentralización del
país.
Con estas consideraciones debería establecerse un AFD que considere criterios
históricos que hacen a la estructura presupuestaria de las universidades, junto a

8. incrementos vinculados a las variables mencionadas. De ninguna manera la
Universidad Austral de Chile puede compartir la tesis de que nuevos fondos que
contribuyan al financiamiento basal de las universidades del CRUCh se distribuyan
con porcentajes preferenciales para las instituciones estatales. Al mismo tiempo, los
financiamientos basales deben estar asociados al nivel de complejidad de las
instituciones.
Otro aspecto es el AFI, el que se ha construido sobre la base de indicadores de
calidad derivados de los resultados obtenidos por los 27.500 mejores puntajes de la
PSU. Se trata de una fórmula socialmente regresiva, pues privilegia a los estudiantes
favorecidos económica y culturalmente que egresan de colegios particulares pagados;
inequitativa, pues favorece a algunas instituciones metropolitanas y de los grandes
centros urbanos; y centralista, pues favorece la concentración de estos recursos sólo
en algunas instituciones de educación superior. Por ello se propone su eliminación y
su distribución en base a criterios similares a la de fondos basales para universidades
públicas.
En lo inmediato debería modificarse de acuerdo a los siguientes criterios:
a) Incrementar el número de beneficiarios, y por tanto de recursos, en que se
considere, al menos, un incremento del aporte inicial de acuerdo al crecimiento
de los alumnos en el sistema universitario del país.
b) Debe haber una distribución regional de los recursos que se vincule de mejor
manera a la tendencia a la mejora en los puntajes que a números absolutos a
nivel nacional.
c) Deben considerarse factores que valoren el origen socioeconómico y
educacional del alumno para amortiguar el efecto de la brecha entre los
distintos tipos de establecimientos educacionales, dado los mayores costos
que supone formar a un estudiante con menores competencias de entrada.
Financiamiento Estudiantil
El país debe debatir en sus instancias democráticas de participación el modelo de
financiamiento y ayudas estudiantiles. El Estado debe asegurar, a todos los
estudiantes que cumplan con estándares mínimos establecidos, la posibilidad de tener
un mecanismo de financiamiento para acceder a la Educación Superior, dependiendo
de su situación socio-económica. Es importante también que se articulen
progresivamente los sistemas de financiamiento a la acreditación de las carreras y
programas. En lo inmediato se requiere abordar aspectos cruciales como los
siguientes:
a) Asegurar la ampliación de la cobertura del Fondo Solidario de Crédito
Universitario (FSCU) a un porcentaje por definir del 5° quintil.
b) Crédito con aval del Estado y las universidades (Ley Nº 20.027). En lo
inmediato se requieren dos medidas: liberar a las universidades de la
responsabilidad de avalar a los estudiantes y equiparar los intereses a los del
Fondo Solidario de Crédito Universitario, a través de la creación de un fondo,
sin participación de la banca privada.
c) Revisión del arancel de referencia, año a año, en base al desempeño y
eficiencia de las universidades. Si bien se deben buscar mecanismos para
financiar el 100% del valor real de las carreras, en lo inmediato es necesario
que se dé cumplimiento a los compromisos de aumentar el aporte estatal
cuando una universidad sube de tramo de acuerdo al sistema de acreditación
de la Comisión Nacional de Acreditación.

9. d) Vincular el FSCU y las becas a la existencia de ayudas que signifique que,
efectivamente, los estudiantes tengan las condiciones materiales adecuadas
para poder rendir académicamente.
A lo anterior se deben sumar iniciativas como las siguientes:
a) Becas de regionalidad. La efectiva descentralización del sistema de educación
superior en el ámbito del pregrado se producirá en la medida en que el estado
chileno sea capaz de dar un trato justo a los estudiantes de regiones, dándole
las mismas oportunidades de acceso y de apoyo a su inserción a las
universidades y centros de formación técnica. Una medida es la generación de
becas de residencia para aquellos estudiantes de los cuatro primeros quintiles
que se matriculen en universidades regionales.
b) Incrementar el número de becas para carreras de alta rentabilidad social, del
modo como se ha hecho con las carreras de pedagogía.
c) Incrementar en cantidad y montos las becas para estudiantes pertenecientes a
pueblos originarios, en especial de aquellas regiones de mayor población
indígena.
d) Generación de un sistema de becas de movilidad nacional e internacional
financiado por el estado para universidades públicas.
Sistemas de Admisión
a) Modificación del Sistema de Admisión a las universidades chilenas del CRUCh,
por medio de la incorporación al actual sistema de selección universitaria
(PSU), del rendimiento escolar (ranking de egreso de enseñanza media), de
sistemas de medición de atributos no cognitivos y de sistemas eficaces,
financiados por el estado, de apoyo al aprendizaje de los estudiantes con más
carencias de entrada.
b) Implementación de un Sistema de Admisión de las universidades chilenas por
el cual deban regirse todas las instituciones, reconocido por el estado, que dé
garantías de transparencia y que sea condición para la elegibilidad de ayudas y
financiamiento estudiantil.
c) Creación de un sistema de ingresos especiales para estudiantes con
minusvalías físicas y necesidades educativas especiales, creando un sistema
efectivo de becas y de programas de apoyo a las instituciones que generen
sistemas de ingreso para estos estudiantes.
III. INVESTIGACIÓN, POSTGRADO Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO
El Sistema Universitario chileno muestra, según diversos informes, una amplia
diversidad en materia de contribución al desarrollo científico y tecnológico del país. Las
escasas instituciones de investigación intensiva que presenta el sistema requieren de
un fuerte apoyo en I+D+I que garantice un crecimiento sostenido en el tiempo y una
contribución efectiva de investigación relevante que impacte en el desarrollo de las
humanidades, ciencia y tecnología y contribuya a un crecimiento equilibrado de las
diversas regiones del país.
Un estudio sobre la educación superior en Chile (LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN
CHILE. OCDE y el BIRF/BANCO MUNDIAL. 2009), plantea que se debe buscar un
mejor equilibrio para el financiamiento de las ciencias básicas y el apoyo a áreas
estratégicas prioritarias para el país; que hay muchos instrumentos de financiamiento
con un grado considerable de superposición, para promover los vínculos entre la

10. industria y la universidad; becas de doctorado de formación y apoyo a centros de
investigación.
Es necesario entonces revisar, reestructurar, simplificar y concentrar la financiación
que realizan organismos tale como CONICYT, CORFO, MIDEPLAN y otros. Los
objetivos actuales deberían ser: lograr un mejor equilibrio entre los financiamientos de
más largo plazo, la inversión en centros de excelencia y las inversiones en proyectos y
formación de Doctorados. Esta revisión de los instrumentos de financiamiento debe
incluir un amplio diálogo con las partes interesadas y la estrecha cooperación con el
Consejo de Innovación. Por otra parte, para llenar los vacíos actuales, debieran
estudiarse mecanismos para el financiamiento de equipamiento mayor de alta
complejidad, en que las universidades de investigación se asocien para optimizar el
uso de dichos equipos. También sería útil que se incluyan mejores subvenciones para
proyectos que permitan ayudar a mantener una infraestructura para la investigación.
Acuerdos basados en el rendimiento entre el MINEDUC y las universidades del
CRUCh ayudará a alcanzar una progresiva mejora de la gestión universitaria, pero aún
queda mucho por hacer, en particular en el "extremo inferior" del mercado, donde la
baja calidad de los servicios es bastante evidente (carencia de adecuada
infraestructura de laboratorios, bibliotecas, servicios específicos de apoyo, entre
otros.). Los convenios de desempeño pueden funcionar para muchos propósitos y
tienen el atractivo de ser, en cierto grado, una oportunidad para fomentar la
competitividad.
Una cuestión relevante es realizar cambios de políticas, para determinar nuevas
formas de financiar y ampliar la I+D+i. Esto implica, por un lado, la ampliación de
recursos fiscales asignados para este fin y, por otra, para graduar un número mucho
mayor de doctores por año, pero con capacidades de usar adecuadamente tales
recursos. Las comparaciones internacionales indican que Chile está muy por detrás
del mundo en cuanto a normativas en ambos aspectos. Como se indica en
un documento reciente de una Comisión Académica de la Universidad de Chile: "El
país tiene que fijarse la meta de graduar a 100 doctores por millón habitantes para el
año 2020, o 1700 doctorados nuevos por año "(Allende et al., 2007). Este es un
ejemplo, para lograr resultados destacados contra financiamientos estatales.
En cuanto a fondos para investigación de excelencia, como los de FONDECYT
observamos que éstos se han estancado. Recién el 2010 se ha incrementado
levemente. El incremento de recursos tiene que ser siempre para apoyar la expansión,
cuidando especialmente que buenos proyectos aseguren un financiamiento adecuado
para su ejecución. Lo anterior es altamente relevante para las universidades
regionales, las cuales han asumido nuevos roles como ser “motores de desarrollo
regional”, por su capital intelectual y capacidades de investigación. Esto es clave, si
Chile quiere pasar a una fase de "profundización tecnológica" en su estructura
productiva y de mayor producción de bienes públicos en áreas como la salud, la
protección del medio ambiente, la energía, la desertificación y el desarrollo urbano,
entre otros. Requiere políticas que incluyan mayor financiamiento para la investigación
y la transferencia tecnológica. Este incremento de capacidades debe ser obviamente
un asunto de interés para el Estado.
Según diversos informes el sistema universitario presenta una amplia diversidad en
materia de contribución al desarrollo científico y tecnológico del país. Las escasas
instituciones de investigación intensiva que presenta el sistema requieren de un fuerte
apoyo en I+D+I que garantice un crecimiento sostenido en el tiempo y una contribución
efectiva de investigación relevante que impacte en el desarrollo de las humanidades,
ciencia y tecnología y contribuya a un crecimiento equilibrado de las diversas regiones
del país.

11. Del mismo modo, la contribución anteriormente descrita del sistema universitario al
desarrollo científico y tecnológico del país, se ve fortalecida por la función de
comunicación social de la ciencia y la extensión, como instrumento identificador de las
necesidades sociales de desarrollo, en relación con el medio en el cual estas
instituciones se encuentran insertas. Potenciar dicha función como correlato de la
I+D+I resulta fundamental para el crecimiento integral del aporte del sistema
universitario a la nación.
Demandas muy relevantes para la comunidad científica nacional son:
a) Que el Estado chileno oriente los recursos hacia aquellas áreas donde el país
tenga ventajas competitivas frente a otras regiones y países. Obviamente, se
requiere una evaluación previa del resultado de la I+D+i, e impacto
considerando los recursos otorgados, con criterios que no han sido
absolutamente claros ni reconocidos por la comunidad científica nacional.
b) Calibrar las expectativas de desarrollo del país frente a la realidad que
presentan las cifras estadísticas y scientométricas. Tanto el Estado como las
universidades debieran desarrollar una mejor gestión de los recursos
invertidos.
c) En lo que respecta a las universidades chilenas, se presenta el desafío de
impulsar y desarrollar el postgrado –especialmente la formación de
investigadores-, alineando la composición disciplinaria de los programas con
las necesidades prioritarias del país. Ambos temas aparecen como parte del rol
formador, exclusivo de las universidades.
d) Las universidades de investigación, complejas, de acuerdo a sus fortalezas,
deberían desarrollar el potencial de “islas de excelencia”, que son áreas con un
perfil de desarrollo superior al nivel medio nacional y cuya productividad es de
la más alta calidad a nivel mundial. Estas islas, serian referentes para otras
universidades de menor desarrollo relativo. Lo anterior, con énfasis en la
necesidad de buscar un mejor equilibrio entre el financiamiento de una ciencia
básica amplia y el apoyo a áreas estratégicas prioritarias.
e) Tener presente que las finanzas públicas simplemente no pueden proporcionar
fondos suficientes para los nuevos retos que enfrentan las instituciones de
educación superior en todos sus niveles. Si es prioritario, en cuanto a las
universidades, se fomentan cada vez más instancias y mecanismos para que la
investigación de excelencia también sea apoyada por el sector privado.
IV. APOYO PREFERENCIAL A INSTITUCIONES REGIONALES
COMPLEJAS
El avance en Educación Superior, Ciencia y Tecnología de algunas regiones del país
ha sido posible gracias al aporte de sus universidades públicas, reunidas en el
CRUCh, algunas de ellas estatales, otras no estatales. Bajo la figura de corporaciones
o fundaciones y con fuerte apoyo del Estado a lo largo de su historia, que las ha
considerado siempre como parte del sistema público de Educación Superior, se han
consolidado algunas de las instituciones regionales de excelencia. Es el caso de la
Universidad Austral de Chile, una de las principales instituciones universitarias del país
y una de las escasas de investigación y postgrado intensivos, sin cuya presencia sería
inimaginable el desarrollo que se ha logrado en la macrozona sur-austral en sus
diversas áreas. El crecimiento agropecuario, forestal, acuícola y pesquero,
educacional y de salud, cultural y patrimonial, entre otras, ha sido en buena medida

12. posible gracias al aporte de la Universidad Austral de Chile. Por ello exigimos un trato
justo, con aportes basales similares al de las universidades estatales, con similar
acceso a todos los fondos concursables del estado para educación superior, con un
trato preferente en el apoyo a los estudiantes regionales y a quienes concurran a
estudiar en regiones, y con posibilidades efectivas de contribuir al crecimiento
científico y tecnológico de las regiones. Una política de Estado en Educación Superior
debe considerar el factor regional como lo han hecho otros países de la OCDE, para
lograr un sistema de calidad regionalmente equilibrado, que dé cuenta de las
particularidades demográficas y culturales del país. Fortalecer a las instituciones
regionales tendrá positivos efectos en la descentralización del conocimiento y de los
recursos humanos altamente calificados y con ello en el desarrollo de las distintantas
regiones del país.
Potenciar el financiamiento de la I+D+i en las universidades acreditadas en
investigación
La actividad de I+D+i en las universidades debe ser una función académica relevante,
creándose instancias de vinculación potente con el pregrado y postgrado, fortalecer la
divulgación de los resultados de investigación a través de la transferencia tecnológica
y contribuir a la innovación con una fuerte ciencia básica. Cualquier modelo que se
determine está orientado a financiar las funciones básicas de las universidades:
docencia (formación de capital humano) considerando la valorización docente de
pregrado y postgrado; investigación, desarrollo e innovación, de acuerdo a las
capacidades instaladas y su productividad; valorización de la extensión y su
vinculación con el medio.
a) Incluir fondos específicos para inversiones y desarrollo de la capacidad
científica-tecnológica del país con criterios de excelencia y regionalidad, tal
como ha sido por ejemplo el “programa basal” de Conicyt, considerando,
además, un incremento del AFD por productos de investigación puede ser
incentivador para avanzar en la internacionalización de la vinculación
investigación con postgrado.
b) Incorporar fondos para fortalecimientos específicos. Para incentivar
mejoramientos en áreas estratégicas de relevancia nacional, relacionados con
reestructuraciones de ofertas docentes, contratos de desempeño, inserción
laboral de los titulados, renovaciones en los sistemas de aprendizaje-
enseñanza, formación continua, resultados de investigación y transferencia
tecnológica.
c) Considerar fondos para gestión universitaria destinados a preservar y fomentar
el patrimonio cultural, a desarrollar la educación, las humanidades y las artes;
diseñar programas para la inserción de la tercera edad en las universidades, el
control de la alimentación, incrementar el grado de internacionalización de las
universidades y el desarrollo regional, entre otros.
Fortalecer los programas de formación de capital humano avanzado en
instituciones acreditadas en postgrado
Tal como se ha señalado en las iniciativas de investigación, el desarrollo del postgrado
es otro de los requerimientos para un sistema de Educación Superior de calidad. El
desarrollo científico y tecnológico está estrechamente vinculado a la capacidad de los
países para formar personas a nivel de magíster y doctorado fuertemente vinculados
al sistema académico, de innovación científica y tecnológica y al sistema productivo.
Por ello se proponen algunas medidas que contribuyan al fortalecimiento del sistema:

13. a) Fondo de Innovación académica para la articulación pregrado, magíster,
doctorado. Programas de apoyo y financiamiento concursables para una
efectiva articulación entre los programas de pregrado, magíster y de doctorado,
optimizando la calidad, la duración y los procesos de graduación.
b) Incremento sustantivo de becas para estudiantes de programas de doctorado
nacionales acreditados y de los montos para cubrir los costos de los
programas.
c) Apoyo vía convenios de desempeño de los procesos de internacionalización de
los programas de doctorado, incrementando la doble titulación y la cotutela de
tesis doctorales, por medio de becas para pasantías en programas de prestigio
y de cotutela de tesis.
Fortalecer la Extensión en universidades acreditadas en Vinculación con el
Medio
El nivel de desarrollo de las regiones en Chile se encuentra directamente asociado al
aporte que durante décadas han realizado las universidades regionales de excelencia.
La Extensión, en relación con su contribución a la Educación Superior de calidad,
involucra a los estudiantes -mediante actividades y proyectos- con la puesta en
práctica de sus conocimientos en terreno, contribuyendo con ello a su formación
profesional y la adquisición de valores de responsabilidad social y compromiso
ciudadano. Fortalecer la extensión como actividad propia de las universidades
contribuirá significativamente en el acceso de las comunidades regionales a la cultura,
a la transferencia tecnológica y la inclusión de capital humano en los organismos
privados y públicos.
Cabe destacar la función de Extensión como actividad final de la integración de los
procesos de docencia de pre grado, postgrado e investigación, la cual garantiza la
difusión social del conocimiento y su arraigo en la sociedad para su transformación en
resultados útiles.
a) Fondo Estatal de Extensión Universitaria para la realización de actividades de
carácter no instrumental, otorgado en relación a la calidad y calificación
obtenida en la acreditación de vinculación con el medio y al cumplimiento de
las mejoras comprometidas en el mismo proceso.
b) Establecimiento de estímulos económicos a municipios y organismos públicos
que desarrollen alianzas estratégicas con universidades acreditadas en
vinculación con el medio, con el fin de financiar proyectos colaborativos
utilizando el capital cognoscitivo y humano de las casas de estudios superiores.
Valdivia, julio de 2011.