1. La Toma del Palacio de Justicia
también llamada Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre fue un asalto perpetrado el
miércoles 6 de noviembre de 1985 por un comando de guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) a la
sede del Palacio de Justicia, ubicado en la plaza de Bolívar de Bogotá, frente a la sede del Congreso y a unas
cuadras de la Casa de Nariño, la residencia presidencial. Dicha incursión fue seguida de la reacción de la
Policía y el Ejército de Colombia, rodeando el edificio e iniciando una operación de retoma del mismo que
se extendió hasta el jueves 7 de noviembre de 1985. El M-19 mantuvo a cerca de 350 rehenes entre
magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes del Palacio de Justicia.
Los hechos culminaron 28 horas después, dejando un saldo de 55 muertos, entre ellos 11 magistrados. 11
personas más también fueron consideradas como desaparecidos al no conocerse su paradero, número que se
reduciría a 10 después de que la Fiscalía anunció en 2000 que el cadáver de Ana Rosa Castiblanco, empleada
de la cafetería que se encontraba desaparecida, fue hallado en una fosa común.
Por las investigaciones emprendidas por la Fiscalía General de la Nación desde el año 2005 sobre los civiles
desaparecidos durante la retoma del Palacio por parte del Ejército y que salieron con vida del hecho
quedando en custodia de la Fuerza Pública, han sido detenidos dos coroneles y el general Alfonso Plazas
Vega.
En un video revelado en 2007 por Noticias Uno se puede observar que el magistrado auxiliar Carlos Horacio
Urán Rojas sale vivo del Palacio de Justicia a pesar de que un día más tarde se le encontraría muerto dentro
del Palacio con una bala 9 mm en la cabeza disparada a contacto.
La toma ha sido calificada como holocausto y masacre por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH).
Antecedentes y planificación
Los guerrilleros, que hacía unos meses habían roto un cese al fuego después de que, según ellos, el gobierno
de Belisario Betancur Cuartas incumpliera los acuerdos firmados el 24 de agosto de 1984, habían planeado
la toma meses antes con la intención de enjuiciar al presidente en ese recinto.
El presidente Betancur se había comprometido a lograr la paz con los grupos alzados en armas. En 1983 se
reunió en España con los comandantes guerrilleros del M-19, Iván Marino Ospina y Álvaro Fayad, que
constituyó la primera vez que un presidente colombiano en ejercicio se reunía con guerrilleros alzados en
armas.
El 20 de septiembre de 1985 se realizó una reunión entre funcionarios del gobierno y algunos magistrados
de la Corte, entre los que asistió el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía,
con el fin de analizar las medidas de seguridad que se iban a tomar para resguardar a los cuatro magistrados
de la sala constitucional de la Corte; Manuel Gaona Cruz, Carlos Medellín Forero, Ricardo Medina
Moyano y Alfonso Patiño Roselli. Los cuatro magistrados tenían a su cargo el tema del tratado de
extradición de colombianos por narcotráficos hacia Estados Unidos, y habían recibido amenazas de muerte

2. por parte de miembros del Cartel de Medellín y su jefe Pablo Escoba .
En este encuentro se determinó que la Policía hiciera un estudio de seguridad del Palacio, el cual se llevó a
cabo entre el 27 de septiembre y el 15 de octubre de ese año. Los resultados del mismo se presentaron en un
consejo de gobierno el 17 de octubre. Dos días antes del asalto, la Policía Nacional retiró la vigilancia
asignada al edificio, dejándola en manos de una empresa privada, aunque advirtió a los magistrados de la
Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado acerca de los planes del M-19.
La toma al Palacio de Justicia fue ideada y planeada por el guerrillero del M-19 Luis Otero, mientras que el
comandante guerrillero Alvaro Fayad fue el encargado de aprobar el plan. Otero ya había planeado otras
operaciones del M-19, como el robo de la espada de Bolívar, el asalto al Cantón Norte y la toma de la
embajada de la República Dominicana, hecho por los cuales fue enjuiciado en un Consejo Verbal de Guerra,
pero tras una amnistía salió de la cárcel. Según la Comisión de la Verdad, el M-19 fue financiado por el
narcotraficante y jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar y el grupo de narcotraficantes "Los
Extraditables", con US$2 millones de dólares, para la compra de armas y explosivos. Escobar buscaba
destruir su expediente y amenazar al gobierno por la aprobación del tratado de extradición hacia Estados
Unidos por delitos de narcotráfico.
Muerte de Galán
Pocas veces recuerdo una manifestación con tamo entusiasmo. Ese día Luis Carlos estaba eufórico. La
encuesta de El Tiempo en la cual liquidaban a todos sus adversarios, había aparecido el día anterior. El
siempre había sido optimista, pero por primera vez estaba seguro de que iba a ganar. La carretera para entrar
a Soacha estaba repleta y la camioneta que lo transportaba apenas podía avanzar. El ánimo era especialmente
festivo. Tanto, que cuando llegó lo bajaron en hombros casi que hasta la tarima. El, Germán Vargas y yo
llegamos de primeros, pero cuatro guardaespaldas subieron antes para chequear que no hubiera nada
sospechoso. Entonces le señalaron que podía seguir. Lo hizo y apenas alcanzó a caminar algunos pasos,
cuando levantó el brazo derecho haciendo el ademán típico con el que iniciaba todas sus presentaciones en la
plaza pública. En ese momento sonaron tres ráfagas de ametralladora. Yo estaba tres metros detrás de él y lo
vi caer, al tiempo con el animador de la manifestación, quien era el único que estaba sobre la tarima cuado
llegamos. Mi primera reacción fue empujar a Germán Vargas, que estaba detrás de mí y después me lancé al
piso. Ahí arrancó la verdadera balacera. Fue algo surrealista y es increíble lo que duró. Disparaban los
guardaespaldas de Luis Carlos, la policía y dicen que hasta francotiradores apostados en los techos. Miles de
personas estaban botadas en el piso, mientras el traqueteo de las ametralladoras continuaba. Cuando volteé a
mirar, reconocí a Luis Carlos, caído en la tarima, por el color de su vestido. Uno de los guardaespaldas lo
estaba protegiendo con su cuerpo. Entonces me acerqué y le dije al escolta que consiguiera un vehículo para
llevarlo al hospital. Con tres guardaespaldas lo levantamos. El tenía los ojos abiertos y estaba consciente,
aunque no hablaba. Yo le dije "tranquilo Luis Carlos",

3. ¿Quién se benefició con la muerte de Galán?
A propósito de cumplirse el próximo 18 de agosto del año en curso veinte años de la muerte del político
liberal, Luis Carlos Galán Sarmiento, las investigaciones han tomado un giro inesperado. Pero, estos últimos
acontecimientos sobre el caso, que además está próximo a prescribir como lo ha advertido la Procuraduría
General de la Nación, no despiertan extrañeza en el pueblo colombiano. Desde que se dio el magnicidio en
contra del dirigente las investigaciones han sido errada. Los desatinos en el manejo del caso han dejado al
descubierto una serie de irregularidades que hasta ahora la Procuraduría, en cabeza del nuevo procurador, ha
puesto de conocimiento a la opinión pública.
Esos funestos hechos ocurridos en Soacha, Cundinamarca, ese 18 de agosto de 1989 dejó anonadado al país,
el cual no salía del estupor al ver en directo a través de la televisión cómo el candidato a la presidencia de la
república era ultimado con ráfagas de ametralladoras. Aún, 20 años después, las imágenes recuerdan a la
Colombia violenta. Esas imágenes han entrado a engrosar las paginas dolorosas de la historia política
colombiana. Esas imágenes son un recordatorio de cómo algunos personajes sin respaldo popular violentan
la democracia para usurpar el poder que les es negado por el pueblo colombiano.
La muerte de Galán fue anunciada con bombos y platillos por los interesados en torpedear el sentir del
pueblo. Las amenazas días antes de su muerte arreciaron. Su regreso al partido liberal después de 8 años por
fuera, tiempo en el que fundó el Nuevo Liberalismo, fue con el propósito de participar en la consulta interna
del liberalismo para escoger el candidato a la presidencia de la república en las elecciones de 1990. Sobre los
presuntos implicados, los órganos de investigación han cometido todo un "collar" de desaciertos. La justicia
colombiana ha sido inoperante en las investigaciones. Tanto es así que muchos de los detenidos por el
magnicidio han quedado en libertad por faltas de pruebas.
El anterior interrogante surge porque hay que recordar que desde 1979, año en que fundó el Nuevo
Liberalismo, Luis Carlos Galán fue el antagonista más fuerte que tuvo el liberalismo hasta el día de su
muerte. Es decir, el dirigente liberal se había convertido en la piedra en el zapato para los que pretendían
ocupar el Solio de Bolívar por ese partido. En la baraja de candidatos por el partido liberal, Galán era el
obstáculo insuperable. Al interior del Partido Liberal. La llegada de Virgilio Barco a la presidencia, quien
obtuvo una victoria contundente, se debió a que Galán declinó su candidatura a favor del candidato de su
partido. Se supone que tal acción fue el producto de algunos acuerdos sobre quién debía ocupar el lugar en la
linea de sucesión al interior del partido, tan es así, que el ex presidente Turbay, quién siempre mantuvo una
postura antagónica con López, lo llamó a la consulta interna del partido para las elecciones de 1990.
MUERE PABLO ESCOBAR

4. Diciembre 2 de 1993
El señor de las drogas
El día que murió Pablo Escobar se cerró el ciclo de la violencia narcoterrorista. Ese nombre alcanzó
fama universal por su sorprendente inteligencia para la maldad.
Cinco minutos antes de las 3 de la tarde del jueves 2 de diciembre de 1993, el Ministro de Defensa, Rafael
Pardo, se disponía a iniciar las actividades en su oficina, después de un debate en el Congreso, cuando el
teléfono de su oficina sonó. Era el subdirector de la Policía Nacional, el general Octavio Vargas Silva:
"Cayó Escobar" -le dijo-.
Pardo llamó al presidente César Gaviria y le dio la noticia: "Acaba de caer Escobar". A esa misma hora en
Washington, el presidente estadounidense Bill Clinton concluyó una reunión en la Casa Blanca y al dirigirse
al despacho oval, un funcionario del Consejo Nacional de Seguridad le entregó un pequeño memo preparado
por la oficina de la CIA en Bogotá. La noticia de que uno de los hombres más peligrosos del planeta había
muerto ya le había dado la vuelta al mundo.
El desenlace de la historia de Pablo Escobar se había iniciado 15 días antes, cuando el capo adquirió, por
intermedio de un testaferro de su organización, la residencia de la calle 79A No. 45D-94, en el sector de Los
Olivos, un barrio de clase media cerca del estadio de fútbol Atanasio Girardot, en Medellín. La residencia de
dos pisos había sido ubicada por el propio Escobar en desarrollo de su angustiosa costumbre de andar
comprando casas por diferentes zonas de Medellín para construir allí caletas y esconderse, lo que explica su
manía de reunir decenas de recortes de avisos clasificados del periódico El Colombiano en el fólder que
cargaba para arriba y para abajo desde hacía meses, con sus cartas, apuntes y documentos.
Escobar se mudó en la tercera semana de noviembre. Llegó a la casa una noche en un taxi Chevette amarillo
en compañía de Alvaro de Jesús Agudelo, apodado 'el Limón', pero tal y como se lo aconsejaban sus normas
de seguridad, poco permanecía en ella.
Consciente de que sus llamadas telefónicas eran monitoreadas por el grupo de inteligencia y
telecomunicaciones del Bloque de Busqueda, realizaba casi más llamadas para despistar que aquellas que
realmente necesitaba hacer. Se movía por varias zonas de la ciudad con un teléfono inalámbrico de muy
largo alcance y potencia, que no era otra cosa que una extensión de un aparato fijo que también era
cambiado de lugar constantemente por los hombres de Escobar. Esto explica que muchas veces los hombres
del Bloque rastrearan una llamada del jefe del cartel de Medellín gracias a la intercepción de las líneas
telefónicas locales, y terminaran allanando una casa donde efectivamente hallaban un receptor telefónico con
su antena extendida al máximo, pero no encontraban ni el auricular ni a Escobar.
Proceso 8000 en contra de Samper

5. El proceso 8.000 es el nombre con el que se conoce al proceso judicial que se emprendió contra el
Presidente de la República de Colombia, Ernesto Samper, bajo la acusación de recibir financiación de parte
del narcotráfico para su campaña presidencial. Su origen fue el hallazgo de un expediente que tenía ese
número en la fiscalía de Cali, que correspondía a un allanamiento hecho en las oficinas de un contador de
nacionalidad chilena, Guillermo Pallomari, vinculado al Cartel de Cali; el material se encontraba inactivo, a
pesar de contener datos que indicaban la posibilidad de que varias campañas políticas al congreso habrían
recibido aportes económicos de origen ilícito.
A pesar de que ese número se limita exclusivamente a este expediente, los medios lo convirtieron en eslogan
y símbolo de todo el fenómeno posterior, cuando se investigó la campaña del Presidente Samper. Se
investigó y condenó a prisión a congresistas, candidatos y ministros.
Antecedentes
El entonces candidato presidencial Andrés Pastrana, acusó a Samper de haber recibido dineros del
narcotráfico
Posteriormente el sucesor del Fiscal General Alfonso Valdivieso, los dio a conocer a la opinión pública el 20
de junio de 1995 se divulgaron los casetes de audio en los que el periodista Alberto Giraldo hablaba con los
hermanos Miguel Rodríguez Orejuela y Gilberto Rodríguez Orejuela (jefes del Cartel de Cali) sobre dineros
para apoyar la campaña de Ernesto Samper.
Se inició entonces el proceso con la llamada a indagatoria libre a Santiago Medina ex tesorero de la
Campaña Presidencial de Ernesto Samper Pizano el día 17 de julio de 1995. Al principio el presidente
Samper tomaba las declaraciones como conspiraciones en su contra, pero todo cambió cuando el Ex
Tesorero de la Campaña presidencial Santiago Medina, confesó la entrada de dineros ilícitos el 12 de
septiembre de 1995
La tormenta política ocasionó reacciones de todo tipo y en el exterior la imagen del país se vio deteriorada.
Fueron cuatro años en los que Estados Unidos descertificó al país en materia de lucha contra la droga y los
señalamientos al presidente Ernesto Samper no se hicieron esperar. Uno de los puntos más importantes
dentro de la coyuntura por la investigación de la campaña presidencial fue el momento cuando el gobierno
de Estados Unidos el 1 de julio de 1996 canceló la visa de entrada a ese país del presidente Ernesto Samper.
El Proceso 8.000 tuvo ramificaciones a otras áreas de la actividad pública como en el caso de dos contralores
que fueron a parar a la cárcel por recibir dineros del narcotráfico. El ex Contralor General de la Nación,
Manuel Francisco Becerra Barney, elegido en 1990, fue acusado de recibir de Guillermo Pallomari, ex
contador de los Hermanos Rodríguez Orejuela 300 millones de pesos. Sin embargo, cumplió su período de
cuatro años al frente de la Contraloría y en 1995 fue capturado y vinculado al proceso 8.000. David Turbay,
quien le sucedió y fue elegido en 1994, se vio envuelto en el mismo proceso por haber recibido un cheque
por 50 millones de pesos girado desde una cuenta del mayor de los Hermanos Rodríguez Orejuela.

6. Miembros del Cartel de Cali.
Por su parte, las declaraciones que hacia el presidente Ernesto Samper en todo momento - había defendido
su inocencia con vigor y había declarado sentirse "víctima de un atentado moral"- apuntaban a que él no
había recibido ningún dinero, que todo fue hecho a su espaldas, no obstante muchos patrocinadores de su
campaña, declararon que los dos hermanos Rodríguez Orejuela sí tenían sus inversiones allí. Pero allí no
paraban las declaraciones, la "monita retrechera" como se le conocía a Elizabeth Montoya de Sarria actuó
como intermediaria entre los dos Hermanos Rodríguez Orejuela y los políticos del soberano. Se hizo famosa
cuando se divulgó una conversación telefónica de ella con el entonces candidato a la presidencia (Ernesto
Samper), en la que daban indicios de las relaciones entre narcotraficantes y políticos del Partido Liberal para
la financiación de la campaña presidencial, meses después la "Monita Retrechera" fue asesinada.1
Tales denuncias involucraron a decenas de políticos, periodistas, deportistas y personajes de la farándula, lo
que puso al descubierto la profunda penetración del narcotráfico en la vida cotidiana del país.
Acusación contra Ernesto Samper
El lunes 27 de febrero de 1996 la Comisión de Acusaciones de la Cámara, en cabeza de su presidente el
congresista Heyne Mogollón, decidió abrir investigación formal contra el Presidente Ernesto Samper, en una
acción sin precedentes en la historia de Colombia. Los 15 miembros de la comisión, después de avaluar las
pruebas aportadas por el fiscal Alfonso Valdivieso, entre ellas un video de Pablo Escobar en el que reconoce
haber entregado dinero a Ernesto Samper en la campaña de 1982 y una cinta magnetofónica de la testigo
‘María’, quien iba a ser presentada por el senador Jesse Helms ante el congreso de los Estados Unidos,
consideraron que había méritos para abrir una investigación penal contra el presidente Ernesto Samper.
Ya avanzado el proceso de juicio corrieron algunos rumores entre los medios de comunicación los cuales
sugerían que posiblemente Andrés Pastrana, también habia recibido "ayuda económica de dudosa
procedencia" en su campaña, sin embargo nunca se pudo establecer la fuente del rumor, indicios o pruebas
que lo confirmaran.
Sin embargo, contrario a lo que se esperaba, el 6 de julio de 1996 Ernesto Samper fue absuelto por la
Cámara. Por 111 votos contra 43 se archivaron los cargos contra el presidente de la República. Ni culpable,
ni inocente el proceso fue precluido.
Consecuencias
El Proceso 8.000 tuvo grandes consecuencias a nivel nacional e incluso inusitadas consecuencias a nivel
internacional para el país. A nivel internacional se deterioraron las relaciones diplomaticas con los paises
andinos y con Estados Unidos, que no dudó en descertificar al país y retirar la visa al Presidente Samper y
otros políticos de importancia; lo cual generó un interés del gobierno nacional para lograr acercamientos con
la Unión Europea. Sin embargo las relaciones diplomáticas lograron restaurarse antes del final del mandato
de Samper. A nivel nacional hubo un gran malestar general entre la población (el cual aumento ligeramente
con la descertificación), la cual veía deslegitimada la autoridad del Estado y de las instituciones. colombiano
Pedro Rubiano cuando sostuvo que el que el presidente Samper no se hubiera dado cuenta del ingreso de
grandes cantidades de dinero del narcotráfico a su campaña presidencial de 1994 era como «si un elefante se
mete en tu casa y no te enteras»), la cual cargaba 8.000 mogollas (un pan tradicional colombiano), como
forma de burla del proceso y el juez del mismo, el congresista

7. “MITÚ FUE EL INFIERNO”
Como resultado del contubernio –que hoy nadie niega– entre el narcotráfico y la guerrilla, Mitú fue el
escenario de uno de los más espeluznantes episodios violentos de Colombia, lo cual es mucho decir. “A las
4:30 de la mañana del 1º de noviembre de 1998 una lluvia de granadas y cilindros de gas cayó sobre Mitú.
En una escena que parece de pesadilla, alrededor de 1.500 hombres de las Farc entraron a la capital del
Vaupés para destruirla. Armados hasta los dientes, acabaron casi con la totalidad de las casas, la estación de
Policía, la Registraduría, los juzgados, las sedes de Telecom y la Caja Agraria, los ranchos, el parque.
Oficialmente, se reportaron 37 muertos. Secuestrados, 61 miembros de la Fuerza Pública, entre policías y
auxiliares. La toma duró 72 horas durante las cuales el Gobierno no pudo mandar apoyos porque la guerrilla
había incendiado la pista aérea. Sin duda alguna, si el infierno existe, eso fue Mitú hace 10 años… Cuatro
días después de la embestida, los hombres del Estado retomaron la capital del Vaupés… Se dice que unos
800 subversivos murieron… Tres semanas después de la toma, el gobierno de Andrés Pastrana decretó el
despeje en San Vicente del Caguán”, relató
Y a pesar de todo, ahí sigue Mitú, sobre el imponente Vaupés, tratando de romper su círculo trágico, y de
surgir como epicentro de la riqueza más valiosa para el mundo de hoy: su diversidad hídrica, biológica y
cultural: una bonanza que debe ser para todos.
LA MUERTE DE PERIODISTA JAIME GARZON
Tenía 11 años. Aun no entendía muchas cosas pero sí sabía quienes eran los buenos y los malos de este país,
o por lo menos eso creía. La bandera que todos los 20 de julio y 7 de agosto izaba y el himno que
ahogadamente siempre cantaba me hacían digna patriota. Pero todo era una farsa, una farsa en la que me vi
envuelta y hoy, y recuerdo que un 13 de Agosto hace 10 años murió un hombre que día tras día durante toda
su vida nos quiso abrir los ojos.
era un periodista que desde su posición profesional enfrentaba la realidad del país y actuaba tal cual este lo
necesitaba y no necesitó izar la bandera como yo lo hacía, simplemente desnudo su alma (y su cuerpo
también) y se cubrió con esa vadera que no es más que un trapo que guarda una historia arrasadora.

8. No sé bien como ni se muy bien por qué, pero el asesinato de Jaime Garzón el 13 de agosto de 1999 me
conmovió. Un par de lágrimas intentaron salir de mis ojos y la conmoción de un día de un pueblo que
después de muerto le encontró sus virtudes también lo lloró. Un pueblo sin memoria que se creyó completico
el cuento de que Carlos Castaño lo mató por metiche. Tal vez si fue un ‘metiche’ tal vez si escudriñó
demasiado, pero a quién más le hacían daño su averiguaciones, no era precisamente al paramilitarismo… tal
vez al militarismo si. Pero bueno, acá no trato de mostrar los o el culpable, solo intento hacer ver como los
hombres sin memoria hemos olvidado porque este país está como está. Porque matan quien dice la verdad,
porque matan a quien se levanta, porque asesinan la voz de la inconformidad, porque cercenan la vida de
quien no está de acuerdo con sus imposiciones, porque asesinan a quien actúa a favor de una sociedad con
igualdad de condiciones y para que no siga creciendo la brecha entre ricos y pobres.
Hoy, con 21 años me pregunto qué hacemos o qué haremos nosotros para que esta cruel realidad no se siga
repitiendo. Jaime mismo lo dijo: “hay que ponernos en la honda de transformar el país, de cambiarlo y la
gente responde: no, es que no hay líderes, Ah, ustedes están esperando que venga el chapulín colorado
disfrazado de presidente o de representante y diga: Ahora les voy a arreglar esto y entonces todos digamos al
unísono: ay si, ese es, votemos por él” un pensamiento que nos debe cuestionar y preguntarnos qué proyecto
de país es el que queremos y por ende que modelo de Universidad es el que necesitamos en conjunto, en
colectivo.
Jaime Vive en nuestros corazones, pero sobre todo debe ser recordado en nuestra conciencia colectiva
Primer mandato de Uribe velez
Candidato liberal independiente en las presidenciales de 2002
Liberado de las funciones públicas el último día de 1997, Uribe aprovechó para ampliar su
bagaje académico y en 1998, año en que alcanzó la Presidencia de la República el
conservador Andrés Pastrana Arango en sustitución de Samper, obtuvo una beca Simón
Bolívar del British Council de Bogotá y fue nombrado senior associate member del Saint
Anthony?s College de la Universidad de Oxford. En 2000 abandonó su despacho de docente en
Oxford para sumarse a la campaña del candidato del PL para las presidenciales de 2002,
Horacio Serpa Uribe, ministro del Interior con Samper, que ya lo había intentado en 1998 frente
a Pastrana.

9. Sin embargo, Uribe no tardó en discrepar con Serpa a propósito de la manera en que Pastrana
estaba manejando el proceso de paz con las FARC, iniciado oficialmente el 7 de enero de 1999,
y de la postura oficial del PL ante tan delicada empresa. Serpa sostenía la necesidad de
negociar con la potente guerrilla liderada por el comandante Manuel Marulanda Vélez, alias
Tirofijo, sobre la base de la llamada Zona de Distensión del Caguán, un área de 42.000 km²
en el departamento de Caquetá que fue evacuada por el Ejército y entregada a la guerrilla el 7
de noviembre de 1998; Uribe, no sólo consideraba esta cesión previa una claudicación
intolerable del Estado, sino que apostaba por someter a los subversivos al imperio de la ley. Pero
las divergencias tenían un trasfondo más profundo: Uribe representaba bien los sectores más
a la derecha del liberalismo, en tanto que Serpa encarnaba la tendencia socialdemócrata del
partido.
Por ejemplo, Uribe se descolgó de los demás candidatos cuando dijo no oponerse a que tropas
extranjeras combatieran el narcotráfico, inquietante derivación del Plan Colombia apalabrado
por Pastrana y Bill Clinton, por el que Estados Unidos se comprometía a realizar inversiones
millonarias en Colombia a cambio de su implicación en la destrucción de la producción cocalera.
Posteriormente, Uribe se ratificó en la necesidad de desarrollar el apartado militar de dicho plan
y de aceptar la logística y la asesoría estadounidenses, pero sin necesidad de que tropas de
ese país asistieran al Ejército colombiano en las operaciones de combate. También, propuso
extender al conjunto del país las controvertidas Asociaciones Convivir de Antioquia, cambiar el
servicio militar obligatorio por uno docente e igualmente obligatorio para inculcar valores cívicos
y patrióticos y de paso reducir el analfabetismo, y se distanció del duopolio tradicional del PL y el
Partido Conservador Colombiano (PCC, la vieja denominación del PSC, ahora recuperada).
La belicosidad y la precisión de sus opiniones a propósito del fenómeno insurgente-terrorista se
tornaban esquivez y ambigüedad cuando se le preguntaba sobre si seguía perteneciendo al PL
o si era un político independiente. Explicaba que no tenía ambages en tomar para su proyecto
una u otra visión de cada partido en un ejercicio de pragmatismo y que su postulación era
"liberal, disidente y multipartidista". Sus detractores de la izquierda sostenían que
cumplimentaba el proyecto político de las clases dominantes y el gran capital, los intereses de
Estados Unidos y la cultura de la militarización a ultranza en la lucha contrainsurgente, aunque
con una imagen moderna y tecnificada.
Al despuntar 2002, Uribe ya adelantaba a Serpa en las preferencias preelectorales, pero el
colapso definitivo del proceso de paz el 21 de febrero le catapultó a la condición de muy
probable ganador de la primera vuelta. En efecto, el fracaso total de la estrategia de Pastrana
apoyada por Serpa pareció dar la razón al aspirante alternativo en su tesis de que con las
FARC, empeñadas en desairar a sus interlocutores con provocaciones constantes y
responsables de una escalada de agresiones indiscriminadas a la sociedad civil, no cabía el
diálogo formal en estos momentos, ya que carecían de honorabilidad y estaban
envalentonadas por las concesiones del Estado.
Además, los ataques del 11 de septiembre de 2001 de Al Qaeda contra Estados Unidos crearon
un estado de opinión internacional receptivo a su valoración de que en Colombia no había ni
una guerra ni un conflicto interno, sino "un terrorismo a cargo de grupos armados contra el resto
de la sociedad", problema que exigía soluciones expeditivas. Por de pronto, la decisión de
Pastrana de recuperar manu militari la Zona de Distensión de Caquetá constituyó, no sólo el
reconocimiento de lo insostenible del actual estado de cosas, sino la adopción antes de terminar
el mandato de una medida popular que Uribe venía propugnando desde que se lanzó a la lid
presidencial.
Tras el atentado de abril, Uribe terminó la campaña con medidas de seguridad extremas y puso
fin a las comparecencias en espacios abiertos. La prensa local se preguntó entonces sobre si
sólo eras las FARC las interesadas en verle muerto, y recordaron el trágico final de Luis Carlos
Galán Sarmiento, el precandidato del PL para las elecciones de 1990, candidato frustrado en
1982 y adalid de la facción Nuevo Liberalismo, comprometido en la lucha contra el narcotráfico,
El 1 de abril Uribe inscribió su candidatura con el aval de un millón de firmas y el respaldo del

10. movimiento cívico Primero Colombia, articulado para la ocasión. Aunque no disponía de
facción propia en el Congreso, contaba con las adhesiones directas de 55 de los 102 senadores
elegidos el 10 de marzo en las listas del PL, el PCC y un ramillete de formaciones menores,
algunas de nuevo cuño y carácter testimonial, y con ideologías dispares, cuales eran Cambio
Radical, Equipo Colombia, Colombia Siempre, Somos Colombia, Conservatismo Independiente,
el Movimiento de Salvación Nacional y el Movimiento de Integración Popular (Mipol).
Cumpliendo los mejores pronósticos, el 26 de mayo Uribe se alzó con la victoria sin necesidad
de acudir a una segunda vuelta con el 53,1% de los sufragios, seguido de Serpa con el 31,8%, el
sindicalista Luis Eduardo Garzón -novedoso representante de la izquierda democrática-, por el
Frente Social y Político, con el 6,2%, Sanín, por su Sí Colombia, con el 5,8% y la ex senadora
Íngrid Betancourt Pulecio, quien se hallaba secuestrada por las FARC desde el 23 de febrero -
crudo testimonio del alcance de la crisis de la seguridad en el país sudamericano-, por el Partido
Verde Oxígeno, con el 0,5%. La abstención fue bastante alta, el 53,6%, cinco puntos más que
en 1998, y en parte se la achacó al clima de intimidación y amenazas imperante en diversos
puntos del país.
con "la demagogia y el populismo", y aseguraba que se haría "moler para cumplirle al país".
Tres eran los terrenos en que ofrecía cambios y soluciones, que de ejecutarse le asegurarían
una apretadísima y altamente complicada agenda de Gobierno. En el primero y más acuciante,
el de la violencia y la inseguridad, formulaba el concepto de "seguridad democrática", que
pasaba por movilizar a un millón de voluntarios en tareas de resistencia civil, asistencia
humanitaria y auxilio a las fuerzas del orden, lo que él denominaba "una especie de cascos
azules a la colombiana", que incluso podrían contar con el aval de la ONU como fuerzas de paz.
Este esfuerzo, proseguía, se haría simultáneamente al desarrollo del Plan Colombia (1.300
millones de dólares comprometidos por Estados Unidos) con hincapié en su apartado militar, a
la promulgación de un estatuto antiterrorista que facilitara la persecución de los delincuentes, y a
la duplicación en el plazo de dos años de los efectivos de combate del Ejército, hasta alcanzar
los 100.000 soldados -momento en que la institución castrense podría profesionalizarse-, y de
la Policía, hasta los 200.000 agentes.
Ahora bien, los observadores daban por hecho que Uribe continuaría y, más aún, potenciaría
el diálogo con el FMI, el Banco Mundial y otros organismos multilaterales de crédito para
reestructurar la deuda externa, que ya alcanzaba los 40.000 millones de dólares, y para financiar
sus proyectos de "revolución educativa" y de creación de empleo, cuando la tasa de paro
ascendía al 25% en todo el país y hasta el 45% en el campo. En añadidura, hablaba de
"erradicar la miseria" (más de la mitad de los 42 millones de colombianos era pobre en mayor o
menor grado) y de potenciar el sistema de la Seguridad Social en su noción de servicio público,
pero descargando al Estado de responsabilidades y endosando a "entidades sin ánimo de lucro"
la prestación del régimen subsidiado de salud.
El presidente electo, primer mandatario, a todos los efectos, no del PL o del PCC desde que
estas dos formaciones históricas pusieran fin a la guerra de facciones e iniciaran la alternancia
que no rendirlas incondicionalmente, ya que su aplastamiento militar parecía estar fuera del
alcance del Estado en estos momentos.
Empero, la violencia arreció en la ceremonia de transmisión de poderes el 7 de agosto, a la que
asistieron los cinco ex presidentes colombianos vivos y varios titulares del subcontinente. Pese al
descomunal cordón de seguridad militar, las FARC mataron a 17 personas en Bogotá con el
lanzamiento mediante morteros de granadas de dinamita y hasta alcanzaron con estos artefactos
caseros el palacio del Congreso minutos antes de iniciarse la investidura.
¿Qué cambió en las Farc después de la muerte de ‘Tirofijo?
Manuel Marulanda Vélez, alias
´Tirofijo´.
Un año después de la muerte de Manuel Marulanda Vélez protagonistas o estudiosos del conflicto
le contaron a Semana.com cómo ven a esa guerrilla después de los golpes recibidos y con nuevo
jefe abordo.

11. Jueves 26 Marzo 2009
Alfonso Cano, actual jefe de las Farc.
“Tirofijo está muerto”. A finales de mayo del año pasado, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos dijo
estas palabras para SEMANA en una entrevista que le hizo María Isabel Rueda. Ese día, el país supo que el
jefe de las Farc Manuel Marulanda Vélez, alias ‘Tirofijo’, había muerto el 26 de marzo en algún lugar de las
selvas de Colombia.
En principio hubo dudas sobre las causas del fallecimiento. Se creyó que había sido en un bombardeo de las
Fuerzas Militares. Pero después, versiones de guerrilleros como ‘Timochenko’ e ‘Iván Márquez’ sostuvieron
que Marulanda había muerto de una complicación cardiaca. Su cadáver todavía está en poder de las Farc.
Un año después de que ‘Alfonso Cano’ lo sucediera como jefe de las Farc, Semana.com le preguntó a
diferentes personalidades de la vida nacional qué cambió de manera sustancial, dentro de esta organización
insurgente, después de la muerte de ‘Tirofijo’. Esto
General Fredy Padilla de León, comandante de las Fuerzas Militares
"La muerte de Manuel Marulanda se presenta en medio del peor momento estratégico de la organización. Se
acumulaban una serie de fracasos sucesivos a partir de la derrota en Cundinamarca, la pérdida de su
retaguardia estratégica en el Caguán, golpes continuados contra cabecillas de todos los niveles y operaciones
como “Fénix” y “Jaque” que acabaron con el mito de invulnerabilidad de los miembros del secretariado y la
pérdida de su principal recurso de chantaje político.
Ahora, ante su ausencia definitiva los cambios en las Farc son sensibles: Alfonso Cano inicialmente debe
consolidar su precario liderazgo para mantener la cohesión de la organización armada, toda vez que no se
puede obviar el hecho de que este sujeto carece de ascendiente en muchos sectores de la organización, que lo
ven como un citadino y no como un “guerrero”, lo que esta ahondando aún más su reconocimiento y la
aceptación, así como la división en la organización".
Gustavo Petro, senador del Polo Democrático
“Yo no veo ningún cambio sustancial, prácticamente porque es una organización compleja, construida
durante décadas por una historia tiznada por el sectarismo, la exclusión campesina, una enorme desconfianza
de los mandos y la degradación paulatina. Alfonso Cano es la misma línea política de ‘Tirofijo’ y se nota en
temas como el intercambio humanitario, el método militar al replegarse, no batallar y dejar que el gobierno
gaste dinero en encontrarlos”
Román Ortiz, coordinador de estudios sobre seguridad y defensa de la Fundación Ideas para la Paz
“Definitivamente, las Farc rompieron su conexión con la violencia histórica en Colombia y dieron un paso
para convertirse en un grupo terrorista más moderno. Lo cual quiere decir que es más sofisticado en términos
de violencia y en cómo utiliza esa violencia para conseguir réditos políticos. Ese cambio está muy acentuado
por Alfonso Cano, un guerrillero de origen urbano, de clase media, con un cierto nivel de estudios.
General Jorge Enrique Mora, ex comandante de las Fuerzas Militares
“La muerte de ‘Tirofijo’ acabó con un mito dentro de la guerrilla y el mensaje para el guerrillero raso es que
se fue el líder, el guerrero, el eje de la organización, y de ahí que se incrementen las rivalidades dentro de las
Farc. La muerte de Marulanda se presentó en momento coyuntural de la guerra que fortalecerá los propósitos
del estado para llegar a un punto de negociación”.

12. Carlos Lozano, director del periódico VOZ y miembro del Partido Comunista Colombiano
“Yo no creo que se haya presentado un cambio fundamental. Las Farc son una guerrilla, a su manera,
coherente, que está cohesionada a un estado mayor, a un secretariado, y en ese sentido no me hago ilusiones
que hayan cambiado las cosas. Lo único nuevo es el acento político en los documentos y en los
pronunciamientos, ya que es más abierta a todos los temas: el hecho de liberaciones recientes como la de
Alan Jara, Sigifredo López, o el aceptar un intercambio epistolar con ‘Colombianos por la paz’. Pareciera
entonces ya no son tan arrogantes y que están privilegiando la política sin abandonar la parte militar”.
ENTENDAMOS LA PARA-POLITICA
Una investigación de la Corporación Nuevo Arco Iris da nuevas pistas sobre cómo los
paramilitares ejecutaron un plan macabro para tomarse la política regional.
Cada vez que Colombia atraviesa un proceso extraordinario de su ya particular realidad, nace una nueva
palabra. En los 80 se hablaba de 'narcoguerrilla', y en los 90, de 'caguanización'. Hoy la 'para-política' es el
término de moda. Pero, a pesar de estar de boca en boca, es preciso organizar los elementos que expliquen su
verdadero significado.
¿Se trató de una estrategia de los paramilitares para convertir en cómplices a los políticos? ¿Por qué
confluyeron sus intereses? ¿Fue un meticuloso cálculo para apoderarse de las finanzas públicas? ¿De qué les
servían a los paramilitares los políticos, y viceversa? ¿Llegar a la política regional era el camino para que los
paras consiguieran una negociación con el gobierno?
Estas preguntas motivaron a la Corporación Nuevo Arco Iris, en cabeza del analista León Valencia, a
investigar durante dos años el fenómeno. El equipo de investigadores, en su mayoría de la Universidad
Nacional, cruzó variables numéricas de acciones armadas con circunstancias políticas, recorrió regiones y
realizó entrevistas directas con los protagonistas. Los resultados de esta investigación permiten tener una
visión sobre la penetración armada en el poder legislativo que en la actualidad tiene alarmada a la sociedad,
y a prueba a las instituciones.
El punto de quiebre

13. La investigación no puede decir con exactitud el momento ni la razón por la que se empezó a gestar este
fenómeno. Pero para la Corporación Arco Iris hay hechos que confirman coincidencias entre la expansión
del ejército paramilitar, que entre 1999 y 2003 llegó a 223 municipios en todo el país y se hizo
especialmente fuerte en 12 departamentos; y la consolidación en las urnas de los mismos municipios de
desconocidos movimientos políticos que aparecieron de un momento a otro con fórmulas electorales que
juntaban candidatos tradicionales con otros nunca antes mencionados.
La llegada de estos mini partidos contribuyó a debilitar a los tradicionales, liberal y conservador. No sólo
minaron sus bases, sino que les crearon una debilidad mayor de la que ya sufrían por sus propias culpas.
Muchos políticos prefirieron el aval de estas singulares siglas (Mipol, Moral, MPU) como la vía mas
expedita para mantener su poder, y en la mayoría de los casos los votos les dieron la razón.
La investigación que hace Valencia con Mauricio Romero, un conocido analista del tema paramilitar,
atribuye este fenómeno a una especie de resistencia por sobrevivir a la apertura democrática que planteó la
Constitución del 91 con la circunscripción nacional para Senado. Para los investigadores, en la pirámide de
la política la figura del senador es la cúspide: desde ella emana el poder hacia abajo. Por eso el estudio hizo
énfasis en casos de la Cámara alta.
Del cruce de las dos variables -municipios de expansión paramilitar (Ver mapa) y la votación de los nuevos
movimientos- se concluye que en las elecciones de 2002 al Congreso llegaron 26 senadores sobre los cuales
cabría algún tipo de sospecha. En 2006, este número, según el estudio, habría aumentado en siete más:
llegaron a 33, con una votación de 1.845.773 votos que, según cálculos del informe, representan "una tercera
parte de la votación para Senado y un punto muy alto en la votación para Presidente".
El estudio es cuidadoso en mencionar que las coincidencias no son prueba de la relación entre políticos y
paras. Pero un vocero autorizado de la organización ilegal, Roberto Duque, alias 'Ernesto Báez', les confirmó
a los investigadores que sus miembros tuvieron reuniones con políticos para "actuar mancomunadamente en
el ámbito electoral" y les hizo un detallado recuento del proceso.
El inicio
El análisis destaca las entrevistas que dio Carlos Castaño a los canales de televisión como un escenario
minuciosamente calculado. Para esa época ya los paras sabían que necesitaban defender la existencia de su
ejército, la toma de territorios, el narcotráfico y el enriquecimiento personal, y lo hicieron con un discurso
contrainsurgente que justificaba estas prácticas como receta para contrarrestar la incapacidad del Estado.
'Báez' se había encontrado con Castaño en un hotel en Bogotá meses atrás y le había insistido en que la
unión de todo el movimiento de autodefensa era posible, pero que la motivación de la venganza por el
asesinato de su padre a manos de las Farc no era suficiente para montar un proyecto político-militar. Fue así
como decidieron, según lo narra la investigación, que éste y Hernán Gómez se dedicaran durante un año a

14. crear un discurso más elaborado y que sirviera de argumento para plantear una negociación política. El
resultado fueron las entrevistas de Castaño en televisión, que causaron un impacto enorme.
Pero necesitaban más. Las autodefensas requerían una amplia cobertura política que sólo podrían obtener
recurriendo a las elites regionales y empezaron a convertir esos movimientos pequeños en los vehículos para
alcanzar el protagonismo en las altas esferas de la política.
El texto utiliza un concepto elaborado por el investigador Edward Gibson, de la Universidad Northwestern
University: los "autoritarismos subnacionales", que son la respuesta de las regiones a los signos
democráticos del centro. Se crean, dice Gibson, "enclaves autoritarios" en las provincias, que acentúan la
antidemocracia y capturan el poder local.
Elecciones de 2002
La investigación estudia las votaciones de 33 senadores, sus movimientos y sus compañeros de lista.
Algunos casos ya son conocidos por la opinión pública porque forman parte de investigaciones de la Fiscalía
o la Corte Suprema. Otros apenas se han mencionado.
Desde luego, las coincidencias no necesariamente significan que el incremento de una votación por un
candidato sólo se puede producir por acción de los paramilitares. Pero en algunos lugares la investigación
infiere la sospecha por el inmenso poder que tuvieron las autodefensas en ese territorio.
La referencia a éste último dio pie para una fuerte arremetida del presidente Uribe contra León Valencia la
semana pasada. Valencia sostiene que a su equipo le parece curioso que personas tan diferentes y con
distancias territoriales tan grandes terminen en una misma lista. Y se pregunta: "¿qué lazo podía existir entre
Carlos Clavijo, un hombre del campo en Santa Rosa, sur de Bolívar, con Zuluaga, un empresario de
Caldas?"
El estudio menciona casos como el de Cambio Radial en 2002, que eligió a Jairo Merlano como senador,
con Cámara de Muriel Benito Revollo. Los dos hoy están en la cárcel. Y dice que también eligió al senado a
Rubén Darío Quintero "con votos en zonas de evidente control paramilitar". Este partido tuvo candidatos en
Meta y Casanare, como Miguel Ángel Pérez, quien después como gobernador fue capturado por vínculos
con las autodefensas y hoy está preso.
Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira fueron el escenario para el Movimiento de Integración Popular
(Mipol), por el cual salieron elegidos senadores Dieb Maloof, Vicente Blel Saade, Luis Vives Lacouture y
Mario Salomón Nader. Con excepción del último, todos los demás están investigados por la Corte o han sido
separados de las listas uribistas en la famosa purga de febrero de 2006.
Hay casos en los que la corporación Arco Iris se pregunta por qué los que no tuvieron nada que ver, y
estuvieron en esas listas, no se percataron de que con su presencia fortalecían un proyecto paramilitar.
¿Buscaron los paras en ellos una cobija para desarrollar su proyecto? Y le deja esta respuesta a la justicia.
Llegó 2006
El año 2006 pintaba un panorama nuevo. Después de un largo camino del proceso de desmovilización y
cuando 'su' bancada se había lucido al lograr que los jefes paras echaran discursos en pleno salón elíptico del
Congreso y la Ley de Justicia y Paz se había aprobado, llegaban unas nuevas elecciones, y con ellas la
pregunta de cuál era el paso a seguir.

15. Los investigadores cuentan que el debate suscitó una fuerte tensión en las autodefensas. Por un lado,
Mancuso, 'Don Berna' y 'Jorge 40' insistían en que el camino ya estaba despejado para formar su propio
movimiento político nacional y participar directamente en la política. Por otro, 'Ernesto Baez', Carlos Mario
Jiménez, alias 'Macaco', y Rodrigo Pérez Alzate, alias 'Julián Bolívar', insistían en mantener las alianzas con
los políticos. Esta última ganó, y se adoptó como estrategia electoral previa al posterior objetivo de presionar
la negociación con las elites nacionales.
En las elecciones del año pasado, según los cálculos del estudio, ampliaron su poder en el Congreso, ya que
esos pequeños movimientos se fusionaron con partidos más fuertes, y en otros casos gracias a que unieron
fuerzas y mantuvieron su umbral, también se llegó el momento en que todo se empezó a enredar. Valencia
resume la teoría en el título del último capítulo de la investigación: "El presidente y los parlamentarios les
cumplieron a los paramilitares, el Estado no".
La conclusión del estudio -auspiciado en su totalidad por el gobierno sueco- es que el seguimiento de las
relaciones entre los paramilitares y la clase política fue un ejercicio apasionante pero doloroso, al constatar
que al tiempo que se urdía esta trama macabra, por el camino iban quedando miles de víctimas.
El fenómeno se empieza a develar, pero será la justicia la que pronuncie la última palabra.
FALSOS POSITIVOS
El Ejército Nacional pidió perdón a los colombianos por los llamados “falsos positivos”, en los cuales fueron
asesinados numerosos campesinos, que fueron reportados como guerrilleros o paramilitares muertos en
combate por las tropas.
El Inspector del Ejército, General Carlos Suárez, solicito al pueblo colombiano olvidar el tema de los ‘falsos
positivos’ y valorar el esfuerzo que hacen los soldados de Colombia para recuperar la seguridad en nuestra
nación.
“Nunca más. Los falsos positivos con cosas del pasado”, expreso el General Suárez durante el lanzamiento
de la segunda fase de la campaña ‘Los héroes en Colombia sí existen’.

16. Mientras tanto, la justicia sigue enjuiciando a los militares por los falsos positivos.
La Fiscalía presentó escrito de acusación en contra de nueve militares adscritos al Grupo Gaula Ejército, por
su presunta responsabilidad en la muerte de cuatro personas, que fueron presentadas como integrantes de una
banda dedicada al secuestro.
Los hechos que se investigan ocurrieron el 14 de enero de 2007 en el sector de La Reforma de esta capital,
donde los hoy acusados dispararon en contra de Edinson Yimel Villanueva Santa, Nelson Antonio Mosquera
Osorio, Edwin Antonio Alvarán y Fabio Andrés Carmona Burbano, que iban en un taxi y de quienes
informaron que pretendían secuestrar a unos ingenieros que laboraban en esa zona.
El fiscal especializado a cargo de la investigación acusó a: Mauricio Ordóñez Galindo, mayor; Osward
Javier Arias, capitán; Carlos Alberto Galeano Galeano, teniente; Gildardo Ruiz Rivera, sargento; y a los
soldados profesionales Dioneider Mina Mina, Juan Antonio Quintero López, Aris Arboleda Ordóñez, Sergio
Armando Melecio Iles y José Eliseo Vega Viáfara, acusados por el delito de homicidio agravado.
Esas personas fueron aprehendidas por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, el 5 de mayo
último, luego de que un Juez de Control de Garantías librara, previa solicitud de la Fiscalía, las
correspondientes órdenes de captura.